Foto: Cuartoscuro.com Comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para sancionar con mayor rigor el delito de despojo, con penas de 6 a 11 años de prisión y 200 UMA a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral, y aumenta de 7 a 11 años si se comete en contra de persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a comunidad indígena.
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra aprobaron el dictamen que reforma el Código Penal, el Código Civil, de la Ley Registral y de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, en materia de prevención del delito de despojo y que pasará al pleno para su aprobación.
Además, a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de México, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de dos mil a cinco mil unidades de medida y actualización.
Asimismo, se equipara el delito de despojo y se sancionará con las mismas penas asignadas a este delito a quien a pesar de haber sido requerido por la autoridad competente, mantenga la ocupación sobre el bien inmueble ajeno o bien, continúe impidiendo el disfrute material del mismo.
Este delito se actualiza durante el tiempo que se prolongue la ocupación del inmueble; el uso del derecho real, o el impedimento de aprovechar materialmente el bien inmueble y hasta que la víctima sea restituida en el derecho.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, puntualizó que el delito de despojo es entendido como la acción ilegal de arrebatar a una persona la posesión de un bien inmueble, representando conductas lesivas para la seguridad jurídica patrimonial y la estabilidad social, por tal motivo las víctimas de despojo no sólo pierden un bien material, también pueden sufrir consecuencias profundas derivadas de la pérdida violenta de su espacio vital o productivo.
En algunas regiones del país, abundó, este delito es cometido de forma sistemática por redes delictivas organizadas, muchas veces coludidas con autoridades, notarios o servidores públicos, quienes utilizan la violencia, documentos falsos o vacíos legales para apropiarse de los inmuebles.
Aseguró que fortalecer el marco penal en torno al despojo aporta certeza jurídica al mercado de bienes raíces, ya que la posibilidad de ser víctima de un despojo desincentiva la inversión, afecta el crecimiento urbano ordenado y limita el desarrollo económico.
