En medio de una acalorada discusión y con vanos intentos de la oposición de suspender la votación, las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron, con los votos de Morena, PT y PVEM, el dictamen de reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

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Luego de que el PAN abandonó la sesión, el dictamen, que retoma la iniciativa de la presidenta, fue avalado con 68 votos a favor, 11 en contra y una abstención, tras lo cual el diputado Leonel Godoy adelantó que se podrían hacer algunas reservas, que serán discutidas hoy en la Junta de Coordinación Política y luego trasladadas al pleno, y precisó que se podría modificar el artículo tercero transitorio, que habla de armonizar la ley con los criterios jurisprudenciales vigentes.

Y aunque el dictamen eliminó el artículo transitorio, que hacía esta ley retroactiva, pues se volvió a la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los especialistas que participaron en las audiencias públicas y los legisladores opositores advirtieron que en los hechos se debilitan las defensas de los ciudadanos frente al poder.

El documento, que será discutido este martes en el pleno, establece que no procederá la suspensión del acto reclamado cuando se impugne una norma general (ley, decreto, reglamento), si su aplicación no causa perjuicio irreparable.

Esta medida busca evitar que los amparos frenen la aplicación de leyes aprobadas por el Legislativo, especialmente en temas de interés público.

Además, aunque el dictamen mantiene el reconocimiento del interés legítimo como base para promover el juicio de amparo, introduce una acotación que ha generado preocupación entre especialistas, que señala que, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá afectar de manera directa y particular la esfera jurídica del quejoso, más allá de un interés simple o difuso.

Legisladores del PRI y el PAN sentenciaron que toda esta reforma tiene un solo destinatario, el empresario Ricardo Salinas Pliego y sentenciaron que por una venganza se va a afectar a millones de mexicanos, incluyendo comunidades indígenas y ambientalistas que luchan por mejorar la sociedad.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano acusó que es una verdadera “mentada de madre” que el dictamen se haya circulado hace cinco días y no se le hizo un solo cambio tras el parlamento abierto que se hizo después de que se preparó el dictamen.

La diputada morenista y exministra Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo en la votación, aseguró que hubo abusos de parte del poder Judicial para frenar acciones de gobierno y políticas públicas. Pero propuso hacer algunas modificaciones que incorporen las propuestas que han hecho los especialistas.