Entre acusaciones y señalamientos, los integrantes de las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, aprobaron el dictamen a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social, con 18 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

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Sin embargo, acordaron que este jueves se subirá la iniciativa con reservas por parte de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, con el objetivo de buscar modificar el dictamen para que los recursos de los trabajadores no se utilicen para construir vivienda en el país.

En busca de querer convencer a Morena y aliados de que la reforma es perjudicial para los trabajadores, el coordinador de los Senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés reconoció que en administraciones anteriores se han registrado fraudes y robos y que, a diferencia de ellos, su partido ya había presentado las denuncias correspondientes para que sin importar quién o quiénes son los responsables paguen ante las leyes.

“Miren, el PAN ya presentó la denuncia penal. Está presentada en la fiscalía contra todos los actos de corrupción que ustedes señalaron en la mañanera. No usen esto de pretexto para robarle su dinero a la gente, simple y sencillamente procedan, metan al bote al que haya cometido un acto de corrupción”.
al advertir que la oposición dará batalla en el pleno en busca de que no sea aprobada la reforma, fue más allá al advertirles que “están cruzando una línea que jamás habían cruzado.

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Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente”; los acusó también de haberles mentido a los trabajadores, con quien un día antes se habían comprometido a realizar cambios en el dictamen, ya que no se había hecho ni el cambio de una coma a lo que aprobaron los legisladores de la Cámara de Diputados hace poco más de una semana.

Anaya Cortés afirmó que “el problema con el modelito de ustedes es que, si sale mal, como muy probablemente va a ocurrir, no van a perder los empresarios, van a perder más de 70 millones de personas que hoy tienen su dinero en el banco y que lo van a perder. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco y por eso vamos a votar en contra”.

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Mientras los presidentes de las comisiones Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Inzunza Cázarez intentaban mantener los ánimos tranquilos, la senadora del PRI, Mely Romero Celis advirtió que “la concentración del poder significa corrupción, inevitablemente corrupción” y argumentó que la reforma no busca ampliar el acceso a la vivienda, sino concentrar el poder en una sola persona.

Señaló que Morena y sus aliados “traían un buen discurso para tratar de convencer a los trabajadores de que esta reforma es indispensable para el Infonavit, pero en los detalles, literal, estaba el diablo”.
Señaló también que el artículo 42 de la reforma “deja claro que la nueva empresa que manejará los ahorros de los trabajadores no estará sujeta a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a la Ley General de Contabilidad”, por lo que la Auditoría Superior solo tendrá en cuenta el marco legal especial, por lo que consideró que el fondo será “usado a discreción del Gobierno sin mecanismos de vigilancia”.

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En su momento, la senadora Claudia Anaya acusó al gobierno de “querer tomar dinero de carácter privado para construir vivienda, cuando históricamente esto se ha realizado con presupuesto público”.
Indicó que con la reforma serán eliminadas las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el Infonavit, “porque el recurso que está ahí de la subcuenta de vivienda es parte de la AFORE que está invertida en la bolsa de valores”.

De acuerdo con la minuta, que será subida al pleno hoy, para su discusión y en su caso su aprobación, otorgará funciones al Infonavit, para la generación de un desarrollo social en materia de vivienda.
Se plantea también la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que, si bien no se trata de una entidad paraestatal, sí estaría sujeta a mecanismos de control y transparencia.

También se da la posibilidad de celebrar contratos y convenios, lo que permitirá que las empresas participen en la construcción de vivienda bajo un esquema que “garantice el buen manejo de recursos y se prevengan casos de corrupción”.