La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención las reformas a la Ley General de Salud para establecer la prohibición total de la venta de cigarros electrónicos, vapeadores y otros productos análogos en el país, aunque se deja fuera a los calentadores de tabaco.

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Con los votos en contra de los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la propuesta fue avalada con el apoyo de los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el PVEM.

El dictamen, basado en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a dos mil UMAs, entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos para quienes compren, vendan, almacenen o transporten vapeadores con fines comerciales.

Esta disposición generó una fuerte polémica, pues la redacción del texto abre la posibilidad a que los consumidores sean también sancionados con cárcel, por lo que los legisladores del PT propusieron que se haga una reserva para aclarar expresamente que no se busca sancionar a los consumidores sino a los productores y distribuidores.

Diputados del PRI acusaron por su lado que se excluyó de esta prohibición a los calentadores de tabaco, pese a los efectos nocivos que genera y sentenciaron que es evidente que esto es producto de las presiones de la principal tabacalera del país, Phillips Morris, principal productora de este tipo de aparatos.

También se busca la actualización de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ya que se agrega al listado de control sustancias de alto riesgo como carfentanilo, otros fentanilos, GBL, nisaceno, entre otros; además, se reclasifican compuestos como tramadol y pseudoefedrina, con el fin de reforzar el control sanitario y penal frente a nuevas drogas sintéticas.