PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó incluir como delito, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los ataques con ácidos o alguna otra sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

Con la asistencia de la activista María Elena Ríos, los legisladores avalaron el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, que establece que este tipo de ataques son, sin duda, un tipo de violencia premeditada, en donde las mujeres jóvenes son las más vulnerables, ya que tienen como finalidad desfigurar, lisiar o cegar a la víctima.

El primer caso documentado de este tipo ocurrió en el 2010, uno más se reportó en el 2012; en el 2014, en el Estado de México se tiene registro de otro; para 2018, la cifra aumentó a cinco casos; en el 2019, se confirmaron 3; uno más en el 2020, el de la saxofonista María Elena Ríos, en Oaxaca. Solo en el 2022, van 47 ataques.

Se precisa que en lo relativo a los ataques con sustancias corrosivas, en su mayoría provocan daños irreversibles en el cuerpo, diversas discapacidades e incluso la muerte, por lo que es indispensable brindar a las víctimas herramientas jurídicas para que puedan acceder a la justicia y a la reparación de los daños.

La diputada Margarita García explicó que también que hace falta un protocolo de atención a víctimas agredidas con sustancias, porque en muchas ocasiones se desconoce la atención que se debe dar a las pacientes.

“Considero que con esta modificación a la ley podemos dar sustento a las autoridades para que apliquen de forma correcta las penas a los diferentes tipos de violencia hacia la mujer”, dijo.

Exige María Elena Ríos justicia

La saxofonista María Elena Ríos, que impulsó esta iniciativa de manera fundamental, demandó que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a través del fiscal general de dicho estado, Arturo Peimbert Calvo, ejecute a la brevedad la orden de aprehensión en contra de Juan Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, actor intelectual del ataque con ácido en su contra.

Además, pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se atienda la orden de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que atraiga su caso, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea, a fin de que el juez Ponciano Velasco deje de revictimizarla, ya que ha permitido más de 10 amparos por parte de la defensa de Juan Antonio Vera Hernández.

“No soy la víctima que quieren, porque la víctima que necesita toda la gente, especialmente este sistema, es a la mujer que está llorando, que está encerrada, que no hace nada, que no pide justicia, porque ese tipo de víctimas le conviene al Estado y yo desde hace mucho tiempo deje de ser una víctima, soy una sobreviviente que lo único que pide es justicia”, expresó.

Ríos Ortiz relató que a lo largo de estos tres años ha tenido que transitar por un proceso legal lleno de corrupción, ya que no han detenido al quinto implicado, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, quien “aún se encuentra en prisión preventiva; ha sido tanto el tráfico de influencias y corrupción que no ha podido llegar siquiera a la etapa intermedia”.

Señaló que el gobernador de Oaxaca, junto con la familia de Vera Carrizal, hizo una campaña de desprestigio en su contra, violentando sus datos personales, “diciendo que me ha dado 2 millones 600 mil pesos, cosa que la CNDH desmintió, pues no tienen acreditada esa cantidad”.

Ríos Ortiz mencionó que a raíz de esta situación el pasado 25 de agosto el fiscal Arturo Peimbert “me citó en Coyoacán, en la Ciudad de México, porque me tienen vigilada, para decirme que no van a detener a Juan Antonio Vera Hernández, porque no quiere problemas con el gobernador de Oaxaca. Estoy exigiendo justicia y mi derecho a la salud, porque yo no nací quemada y tengo todo el derecho a reconstruirme y rehabilitarme”, dijo.