POR PATRICIA RAMÍREZ

Aún antes de la presentación de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), parece en marcha desde ya una estrategia para ponerlos al borde de la extinción por la vía de reducirles el presupuesto.

Los 31 organismos encargados de organizar las elecciones en igual número de entidades del país sufren un paulatino deterioro por falta de recursos, que les han sido negados desde los congresos y gobiernos locales, llevándolos a situaciones extremas.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la situación de los 31 OPLEs del país, en seis entidades la situación es crítica. La asfixia presupuestal coloca a Durango, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Nayarit en nivel de alerta para su operatividad. El caso de Durango es particularmente grave, pues el próximo 5 de junio habrá elecciones para gobernador en esa entidad.

En riesgo moderado se encuentran Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, por lo que en total son 13 entidades las entidades que están llevando a cabo un proceso electoral local con problemas presupuestales.

El informe señala que 12 Organismos Públicos Locales Electorales han solicitado ampliaciones presupuestales, pero solo a tres se les han concedido éstas, aunque no en su totalidad, sino en forma parcial. En el caso de San Luis Potosí se rechazó su petición sin mayor argumentación y en el resto de los OPLES ni siquiera se les respondió.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los OPLEs, del INE, sentenció que es inaudito lo que ocurre, pues existen Organismos Públicos Locales Electorales como el del Estado de México y el de Nuevo León que han tenido que restar dinero a su gasto operativo para destinarlo al financiamiento público que tienen que dar a los partidos políticos.

Agregó que en casos como el de Hidalgo, se le aprobó todo el presupuesto que solicitó, sin embargo, hay un retraso considerable en las ministraciones que debe recibir y este retraso es por casi 170 millones de pesos. El de Tamaulipas ha recibido ministraciones incompletas en los últimos meses por casi 42 millones de pesos.

La consejera enfatizó que el caso de Durango es uno de los más preocupantes porque, aunque se le autorizaron 19.5 millones para la contratación de la empresa que hará el PREP en su elección, se les regatearon los recursos necesarios para la impresión y distribución de la documentación electoral.

“Se notificó un oficio al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, asignado por el secretario de Finanzas y la Administración, en el que se informa que dicha secretaría será garante en el convenio que se celebre con Talleres Gráficos para el suministro de la documentación electoral, y de esa manera, evitar afectar los preparativos del proceso electoral en curso”, acotó.

No obstante, advirtió que esto no garantiza el pago de la documentación, además de que seguiría pendiente la ministración de recursos para el funcionamiento de los órganos desconcentrados.

“No podemos pasar por alto que la mitad de los Organismos Públicos Locales Electorales del país tiene una deficiencia presupuestal que va desde una reducción del 16 por ciento al 65 por ciento del presupuesto que solicitaron”, sentenció.

Detalló que en Durango el déficit presupuestal es del 40.75 por ciento; Aguascalientes, 20 por ciento y a Quintana Roo se le redujo en un 16 por ciento lo que estaban solicitando.

Consideró que la falta de garantías presupuestales para el óptimo desarrollo de los procesos electorales genera un debilitamiento en los Organismos Públicos Locales Electorales, afectando su autonomía y, en consecuencia, origina un daño a la democracia mexicana, el cual puede ser irreversible.

“La austeridad sin duda es algo bueno, siempre y cuando venga acompañada de estrategias que no pongan en peligro el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y hay que hacer énfasis, me parece de manera constante, en que los derechos políticos también son derechos humanos y, por lo tanto, su atención también debe ser prioritaria”, concluyó.