El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Consejo de la Judicatura Federal, que preside la ministra Norma Piña, actuó de manera adecuada al convalidar la suspensión de labores iniciado en septiembre pasado por la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (Jufed), en protesta por la aprobación de la reforma judicial.
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Durante la discusión, la ministra Loreta Ortiz Ahlf advirtió que el Consejo, con sus circulares suspendiendo plazos, en los hechos validó y permitió la suspensión del servicio público de justicia.
Con 7 votos a favor y tres en contra, de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz el pleno desechó cualquier sanción o medida por el paro que duró más de tres meses y que fue decretada por trabajadores, que sólo permitieron el desarrollo de casos urgentes.
La ministra Ortiz insistió en que la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos imponen la obligación de asegurar un acceso continuo e ininterrumpido a la justicia y sentenció que, aunque las medidas en cuestión ya no están vigentes, no se debe olvidar que justicia suspendida es justicia negada.
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“Aunque la Jufed representa a las y los juzgadores del país, su rol no incluye decisiones que comprometan la prestación de un servicio esencial que todas las personas juzgadoras están obligadas a garantizar. Reconozco el derecho de las personas servidoras públicas del Poder Judicial a expresar sus opiniones, pero sus funciones están sujetas a límites que no pueden vulnerar el acceso de la población a la justicia”, sentenció.
Al defender su proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que el Consejo de la Judicatura Federal actuó en el marco de sus atribuciones para preservar la autonomía de juzgados y tribunales y recalcó que las circulares que emitió permitieron mantener las funciones fundamentales.
Agregó que la determinación sobre la suspensión de actividades y el dictado de medidas sobre la tramitación de asuntos con carácter urgente se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la Jufed y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores judiciales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia.
“De no haber emitido pronunciamiento alguno, consideramos que se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justificables al no haberse suspendido los términos respectivos”, señaló en una resolución que finalmente fue avalado por la mayoría.