El Senado de la República presentó los avances del proyecto de Ley General de Participación Ciudadana, que busca garantizar el derecho de la población a intervenir directamente en los asuntos públicos y fortalecer la justicia social; al mismo tiempo, legisladores, autoridades electorales y representantes de organizaciones civiles coincidieron en la necesidad de aprobar la norma en el corto plazo.

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En el patio de la Casona de Xicoténcatl se llevó a cabo el encuentro “Diálogos por la Ley General de Participación Ciudadana”, donde el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, anunció que la iniciativa se encuentra en su etapa final de elaboración y será presentada próximamente ante el Pleno.

Explicó que el proyecto busca regular los instrumentos de democracia participativa, de modo que las personas puedan intervenir, de forma individual o colectiva, en la gestión de los asuntos públicos a lo largo de todo el ciclo gubernamental.

El también presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte señaló que la propuesta establece los principios de coordinación entre niveles de gobierno y las obligaciones de las autoridades competentes.

Subrayó que esta norma reconoce la importancia del voto y de la competencia electoral como pilares de la vida democrática, y busca consolidar una transición política que amplíe los espacios de participación ciudadana.

Por su parte, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, destacó que la ley debe garantizar la autonomía de la ciudadanía mediante la transparencia, la inclusión y la obligatoriedad de las decisiones emanadas del diálogo público.

“Empujar esta ley va a permitir establecer reglas claras para que escuchar a la ciudadanía no quede en el contentillo de un político o un gobernante”, afirmó.

Agregó que el cumplimiento de la ley no sólo corresponde a los gobiernos, sino también a la población, que debe exigir su aplicación y “erradicar la simulación”.

Desde la sociedad civil, Abelamar Chacón, representante de la organización RegidorMX, planteó la necesidad de una ley general que fortalezca el derecho a la participación ciudadana y elimine prácticas simuladas en el ámbito local.

Propuso que las sesiones de los cabildos estatales sean públicas, abiertas y con derecho de palabra para los habitantes.

“Se busca trascender la democracia representativa y avanzar hacia una democracia participativa, en la que todas las personas podamos proponer soluciones a los problemas de las comunidades”.

En su intervención, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que las instituciones electorales contribuyen a la paz social al ofrecer vías institucionales para resolver las diferencias y proteger la voluntad ciudadana mediante procesos transparentes y auténticos.

Por su parte, el consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Carlos Alberto Piña Loredo, subrayó que el mosaico cultural del país debe reflejarse en los mecanismos de participación ciudadana y propuso una base conceptual común aplicable en todas las entidades federativas y consideró que los instrumentos de participación deben fortalecer la confianza en las instituciones, las autoridades y los partidos políticos.