El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una denuncia formal ante el INE contra el PAN por propaganda simulada, intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a los principios de equidad, legalidad y autenticidad del sufragio.

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El legislador precisó que la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que jóvenes que impulsaron la llamada marcha de la Generación Z cobraban en ese partido a través de contratos.

“Estamos pidiéndole al INE que investigue a fondo, que audite al Partido Acción Nacional por haber incumplido obligaciones que están establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Uno es la correcta aplicación del financiamiento público y, por supuesto, la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o calumnie a personas”, indicó.

Detalló que la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña reconoció en un debate con un medio de comunicación que había un contrato celebrado con el joven Edson Saúl Andrade Lemus, para financiar la actividad de al menos siete personas adicionales.

“Lo que estamos también pidiendo es que se instaure un procedimiento de oficio en contra del PAN, porque hay hechos públicos, hay hechos notorios y hay hechos verificables, que son, sin duda, lo que se necesita, en donde participó directamente este joven, Edson Saúl Andrade Lemus, bajo la apariencia de activistas ciudadanos independientes, ocultando su vínculo contractual y financiero con el Partido Acción Nacional”, indicó el legislador federal.

En ese sentido, señaló que hay un interés jurídico, pues existe una cantidad pagada para un instrumento de financiamiento para una supuesta estrategia digital. Además, el contrato no cubría solamente la actividad de Edson Andrade, sino de al menos siete personas más que integraban un equipo operativo por el partido.

Sin duda, argumentó Ávila Anaya, lo anterior se constituye como un gasto no reportado, como una triangulación de recursos, así como una aportación en especie no registrada. Además de “una subcontratación opaca, y hay que decirlo con toda claridad, como una estructura de propaganda partidista encubierta y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar, como una violación directa a las leyes electorales y al reglamento de fiscalización“.