El asalto al Campo Militar Número Uno, en Naucalpan, Estado de México, perpetrado por presuntos normalistas de Ayotzinapa, no es un hecho menor. No hablamos de pintas callejeras ni de gritos de protesta: los agresores derribaron la puerta principal con un camión robado, lo incendiaron tras lanzar petardos y bombas caseras, y dejaron sus consignas sobre los muros militares. Todo ello frente a la pasividad de los soldados que, con órdenes expresas de no intervenir, observaron cómo ardía la entrada de su propia casa.
Ese episodio representa un desafío directo al Estado mexicano y al Estado de derecho. Porque si un grupo puede vandalizar sin consecuencias una de las instalaciones más emblemáticas del Ejército, ¿qué mensaje recibe la sociedad? El de la impunidad como norma y el de la autoridad reducida a mera espectadora de su propio agravio.
No es casual que detrás de estos actos esté la sombra interminable de Ayotzinapa. Conviene recordarlo: los 43 normalistas desaparecidos en 2014 habían robado un autobús. Todo indica que se equivocaron de vehículo y tomaron uno cargado con droga de un grupo criminal de Guerrero. Ese error fatal derivó en la desaparición de los estudiantes a manos de quienes debían recuperar la mercancía.
Lo que siguió fue aún peor. El gobierno de Enrique Peña Nieto, en vez de permitir que las autoridades locales agotaran sus responsabilidades, intervino con torpeza y politizó el caso de manera absurda. Se desató así una tormenta nacional que, lejos de esclarecer el crimen, lo convirtió en bandera política, en moneda de cambio, en símbolo manipulado hasta la saciedad.
Tres sexenios después, Ayotzinapa sigue siendo un expediente enredado por intereses políticos, activistas, criminales y hasta internacionales. Cada gobierno promete llegar a la verdad, pero la verdad se diluye en discursos y en versiones fabricadas. La realidad es dura: será muy difícil que este crimen pueda esclarecerse. Demasiados actores han intervenido, demasiadas mentiras se han dicho, demasiadas manos han contaminado la investigación.
Hoy, la renuncia de Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43, lo confirma. Deja el caso para sumarse al nutrido cuerpo de asesores del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro capítulo en una historia interminable.
Mientras tanto, la quema del camión frente al Campo Militar Número Uno revela lo que hemos tolerado: que la violencia disfrazada de protesta tenga más poder que la propia autoridad del Estado. Ayotzinapa dejó de ser sólo un caso criminal; es ahora un mito político que crece con cada acto vandálico, con cada consigna incendiaria, con cada silencio cómplice de las instituciones. Y como todo mito, corre el riesgo de imponerse sobre la verdad.
