En 2022, el Congreso, dominado por Morena, modificó la Ley de Instituciones de Crédito para congelar cuentas bancarias sin orden judicial de por medio.

Ese cambio permite que Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), registre a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando tenga “indicios suficientes” de relación con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Así quedó el diseño. Primero se bloquea. Después se pregunta. Mientras tanto, el patrimonio del afectado queda en un limbo sin fin aparente.

RUTA A LA CORTE

La reforma fue impugnada por 49 legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La acción de inconstitucionalidad se presentó el 8 de abril de 2022. El asunto quedó en la Suprema Corte con ponencia de Loretta Ortiz Ahlf. Cuatro años después, el pleno resolvió por seis votos contra tres.

A favor votaron Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, María Estela Ríos, Lenia Batres, Loretta Ortiz y el ministro presidente Hugo Aguilar. En contra votaron Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.

Y aunque la oposición promovió el litigio, llama la atención que no hubo reacción proporcional a la decisión de la Corte.

LOS ARGUMENTOS

La ministra Loretta Ortiz defendió que congelar una cuenta bancaria no debe verse como un castigo penal, sino como una medida preventiva para cuidar al sistema financiero.

Bajo esa idea, la mayoría de la Corte consideró que no era necesario exigir las mismas protecciones que existen en un juicio penal. También sostuvo que la reforma de 2022 ya da una oportunidad de defensa, aunque llegue después del bloqueo, y que la UIF no puede actuar sólo por rumores, sino con datos que puedan revisarse.

Quienes votaron a favor repitieron ese razonamiento. Dijeron que la UIF no sustituye a la fiscalía, que el banco sólo avisa al cliente y que la persona afectada todavía puede defenderse por la vía legal.

El problema está en el orden de las cosas. Primero te congelan el dinero y después te dejan defenderte. Es decir, la revisión llega cuando la afectación ya empezó.

Yasmín Esquivel votó en contra porque no dejó claras las razones exactas para bloquear una cuenta ni fijó límites estrictos sobre cuánto tiempo puede durar esa medida. Giovanni Figueroa añadió que aunque la reforma la presenta como una medida administrativa, en la práctica funciona como un castigo anticipado.

Es decir, te pueden congelar bienes por sospechas de delito antes de una acusación formal y sin que un juez lo autorice desde el inicio.

CASTIGO PREVENTIVO

La decisión forma parte de una lógica punitiva que acompaña a Morena desde que llegó al poder. No es la primera vez que primero se restringe un derecho y después se ofrece una revisión posterior. Ya pasó con la prisión preventiva oficiosa, donde el Congreso ha ampliado el catálogo de delitos de manera sin precedentes.

Ahora lo que vemos es una extensión de esa misma lógica. Se habla de combate al lavado de dinero y al terrorismo, y en eso podemos estar de acuerdo. Pero aquí el problema es que se trata de una facultad amplia que no sólo sirve para casos extremos.

También puede afectar a cualquiera cuando el estándar legal es ambiguo y la autoridad concentra demasiado poder. Y está diseñada de tal que forma que mañana podría alcanzar a quienes ayer la impulsaron y hoy la avalaron.

EL DATO INCÓMODO

El Tren Maya cerró 2025 con pérdidas por 3 mil 649 millones de pesos. Son casi 10 millones diarios. En 2024 perdía 7 millones al día. En un año, el hoyo creció 41% y sigue pagándose con dinero público.