Busca consejería jurídica garantizar los derechos de los ciudadanos más vulnerables

Comparece ante diputados locales la consejera jurídica de la CDMX, en el marco de la glosa del informe de gobierno



Foto:GobiernoCDMX

La titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, aseguró que en la capital se garantizan los derechos de la ciudadanía más vulnerable, para lo que se han establecido mecanismos como Zócalo Ciudadano y Casa por Casa, que ofrecen servicios de actas de nacimiento y defunción, así como jornadas de cambio de identidad.

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Al comparecer ante Comisiones Unidas de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso local, dijo que se busca que la justicia cotidiana sea para todas y todos, que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera.

Informó que se han emitido 1.3 millones de actas certificadas, más de 79 mil actas de nacimiento y 16 mil de matrimonio, además se han realizado más de 120 mil correcciones administrativas y procesado más de 42 mil aclaraciones de actas.

Agregó que para otorgar seguridad jurídica a las familias y su patrimonio, se desahogaron más de cien mil trámites notariales, con una reducción en los tiempos de trámite, entre las que destacan: cien mil 122 inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, 135 mil 85 certificaciones, 274 mil 871 consultas y 131 mil trámites diversos, además se atendieron a más de mil 800 personas en temas de despojo.

Destacó el trabajo coordinado con el Congreso local en que se revisaron mil 253 iniciativas de ley en temas como extorsión, despojo, lesiones de género, amenazas, sistema de cuidados, micromovilidad y reforma judicial, entre otros.

En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, enfatizó que todos los programas implementados en beneficio a la comunidad deben ser institucionalizados, y para ello, el Congreso local juega un papel importante al blindarlos a través de una ley, lo que conlleva la implementación de mecanismos de rendición de cuentas mediante los padrones de las personas beneficiarias.