El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que debilitar la fiscalización y al árbitro electoral, en un contexto de infiltración del crimen organizado, pone en riesgo real la democracia en México.

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Agregó que la reforma electoral impulsada por Morena, la llamada Ley Maduro, no puede analizarse como un ajuste técnico, sino como un proyecto político que se discute en un contexto alarmante de infiltración del crimen organizado en la política, uso de recursos ilícitos en campañas y ausencia sistemática de consecuencias para los responsables. El panista insistió en que nunca en la historia reciente del país se habían acumulado tantos señalamientos, filtraciones, investigaciones abiertas y sanciones internacionales contra actores políticos en funciones, sin que exista un solo desenlace institucional serio.

“Se investiga hacia abajo, se detiene a operadores y mandos medios, pero no se toca a los responsables políticos, la cúpula del poder está blindada”, enfatizó. Sentenció que cuando el dinero ilegal llega al poder, la justicia se detiene y reducir controles electorales en este contexto es oficializar la injerencia del crimen organizado en las campañas. La libertad de todo ciudadano a elegir a sus gobernantes pasa por unas elecciones limpias y parejas.

El dirigente panista afirmó que reducir el financiamiento público y debilitar los controles electorales sin fortalecer la fiscalización no limpia la política, sino que normaliza el dinero criminal en las campañas. Insistió en que existen tramas documentadas de vínculos entre estructuras criminales y actores políticos cercanos al régimen, como los casos del huachicol fiscal, el grupo Carmona, La Barredora, así como situaciones graves en entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán y Baja California, además de la revocación de visas a diversos actores políticos vinculados a Morena.

Recordó que en las elecciones de 2021 y 2024 se documentó intervención directa del crimen organizado mediante violencia, coacción del voto, control territorial y financiamiento ilegal, sin que se haya sancionado políticamente a quienes se beneficiaron de esas prácticas.