Andrés Manuel Lopez Obrador firmó ayer la iniciativa contra la subcontratación.

El outsourcing que afecta a los trabajadores porque están dados de alta en el IMSS con salario menor al real, con el objetivo de evadir impuestos y más.

El proyecto prevé hasta nueve años cárcel para quien lo utilice.

Y los empresarios de inmediato brincaron y se dijeron traicionados.

Que nadie los peló, que no fueron tomados en cuenta.

Hay 4.6 millones de empleados por fuera

En México existen al menos y con cifras a 2020, alrededor de 4 millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación.

Outsourcing, le llaman.

Eso significa estar dado de alta en el IMSS, por ejemplo, con salario menor al que realmente se percibe, lo que afecta directamente el ahorro para el retiro, las cuotas sociales y más.

La Secretaría del Trabajo dio a conocer que no se tienen registros claros y que la cifra podría ser mayor.

-Datos del IMSS permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200 mil trabajadores, que la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes de más de 250 trabajadores y principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios, dijo ayer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Lozoya, contra Videgaray y Peña

Emilio Lozoya Austin está cumpliendo lo que advirtió: acusar a Luis Videgaray Caso y a Enrique Peña Nieto, porque, como dijo su entonces defensor, Javier Coello Trejo , “no se mandaba solo”.

Y mientras es realidad o no lo de la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la Repúblia (FGR) tiene en contra del ex secretario de Hacienda, hoy académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MTI, nomás no da la cara.

El dueño de la casa de Malinalco, que compró en abonos chiquitos y sin intereses al benefactor de todo el peñanietismo, Juan Manuel Hinojosa, quien a su vez la adquirió a Nelson Vargas, dice que Lozoya Austin sólo busca salvarse y evadir la responsabilidad de sus actos.

-¿Atorarán a Videgaray?, se escuchó en radiopasillo.

No hay razón para que suba la tortilla

La tortilla es alimento básico y no hay razón alguna para que le incrementen su precio.

Así, las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural informaron ayer que no existen elementos de abasto, de inflación o razón alguna en la cadena productiva que justifiquen un aumento en el precio de la tortilla, al menos hasta mediados de 2021, por lo que cualquier incremento podría constituir violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley Federal de Competencia Económica.

Se da seguimiento estricto a la cadena maíz grano-masa-harina-tortilla, así como a costos de energía, combustible, transporte, empaque, mano de obra y más, para descartar aumentos injustificados en los insumos que pudieran impactar en el precio final de la tortilla y lesionar el bienestar de las familias, en particular de aquellas con menores ingresos.

La secretaria Graciela Márquez Colín y el secretario Víctor Villalobos Arámbula coincidieron en evaluar cosechas de maíz, costos de producción y procesos industriales y dar vista a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que actúen en consecuencia.

-Los gandallas existen en todos lados y el tortillazo será sancionado conforme a la ley, se escuchó en radiopasillo.

Piden lo imposible

El Congreso del Estado de México pidió ayer a los titulares de las secretarías de la Contraloría y del Medio Ambiente estatales investigar y sancionar hechos de corrupción que presumiblemente se cometen en los centros de verificación vehicular.

En sesión plenaria, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer planteó, a nombre del grupo parlamentario de Morena, que ante presumibles hechos de corrupción en los verificentros debe sancionarse a los implicados.

Todo esto, en el marco de la contingencia ambiental, que ayer, por cierto, terminó y con ella el doble hoy no circula.

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