Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa lanzó una advertencia al gobierno de la Ciudad de México, al señalar que su administración no permitirá que las familias pierdan su patrimonio por las reformas que se aprobaron en el Código Federal la confiscación de predios e inmuebles para ser expropiados para construir vivienda popular.

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“En Cuajimalpa hay muchas familias con propiedades que superan los 4.5 millones de pesos, pero que no pueden aceptar que el esfuerzo de toda una vida sea arrebatado por el Estado. La propiedad privada es un derecho fundamental que garantiza estabilidad y certeza a las familias mexicanas”.

Por lo anterior el alcalde indicó que el derecho a la vivienda digna “debe protegerse sin atentar contra los principios de libertad y propiedad, pilares de toda sociedad democrática”.

El alcalde advirtió que no se puede permitir que “bajo pretextos administrativos, se vulnere el esfuerzo de generaciones que han trabajado para adquirir un patrimonio propio”.

Al considerar que la reforma al Código Federal ha provocado incertidumbre en las familias provenientes de las clases medias y altas que viven en Cuajimalpa, hizo un llamado a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México para que se haga un replanteamiento al ordenamiento.

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Señaló que “no hay derecho ni obligación de los ciudadanos de informar al Gobierno sobre el tipo de inmueble que poseen. La privacidad patrimonial es parte de la libertad individual y no puede ser utilizada como herramienta de control por ninguna administración”.

Aseguró que grupos de vecnos que p vecinos se han acercado Orvañanos replicó el mensaje de varios ciudadanos preocupados porque la autoridad conozca el valor de sus propiedades.

“Incluso es hasta un tema de seguridad, porque desconocemos en manos de quién caería esa información. Muchos funcionarios han demostrado que no siempre actúan con integridad, lo que expone a los ciudadanos a riesgos innecesarios”, alertó.

El alcalde reiteró que la propiedad privada no es un privilegio, sino un derecho inherente a la dignidad de las personas” y se debe garantizar, a través de políticas responsables que no atenten contra la estabilidad de quienes construyeron su patrimonio con esfuerzo.