GABY SALIDO
Una de las principales funciones del Gobierno, es garantizar la seguridad y condiciones apropiadas para que las personas disfruten sus derechos.
Para cumplir su función, el Gobierno requiere: leyes, autoridades, instituciones, sanciones, entre otros, que en conjunto deben funcionar en armonía, para lograr el objetivo.
Aunque tengamos leyes y en general un sistema que pudiera garantizar justicia, algo pasa en nuestra sociedad si la prevención falla, y la atención de la autoridad cercana, no es la adecuada.
Muchas veces se difunden casos de agresiones contra mujeres, que incluso desencadenan en feminicidios, como ocurrió la semana pasa con Montserrat en la Colonia Anáhuac, en la CDMX, que lamentablemente son mal atendidos por las autoridades.
Sobre los hechos, cualquiera que sea el análisis, es desafortunado. Hay omisiones de servidores públicos que no agotaron sus obligaciones, y en consecuencia, incurrieron en responsabilidad.
A pesar de tener un marco jurídico robusto en materia de prevención, atención y castigo a los casos de violencia de género, lamentablemente vemos en casos como este, que la aplicación por parte de la autoridad, sigue siendo deficiente, por decir lo menos.
Es terrible reconocer que falta mucho trabajo por hacer, a fin de lograr que la Ciudad de México sea un espacio seguro para todas y todos, pues casos de esta esta magnitud, ponen en evidencia que:
- Las acciones de prevención y detección de violencia contra las mujeres, aún deben ajustarse y falta mucho por hacer.
- La capacitación de las y los servidores públicos, no ha sido suficiente.
Si bien, la Fiscalía ahora investiga el Delito de Feminicidio, es importante no pasar desapercibida la omisión en la cual incurrieron los primeros respondientes:
- Tenían la obligación de comenzar las investigaciones con sospecha de un posible feminicidio, avisando a la Fiscalía Especializada, de manera inmediata, y no tiempo después, como se dio a conocer, y
- Debieron impedir que se moviera cualquier cosa del lugar donde ocurrieron los hechos, principalmente el cuerpo de Montserrat, pues se perdieron elementos importantes que podrían determinar quien o quienes son los responsables.
Es alarmante que, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia, de primer momento concluyeran -al no haber rastros de violencia evidentes- que no se trataba de algún delito.
¿Dónde está la responsabilidad de esos servidores públicos que debieron seguir el protocolo para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio?
Aunque fuera un caso aislado, habría que sancionar a las autoridades omisas. Lamentablemente no lo es, las omisiones y faltas a su deber son frecuentes, revictimizando y poniendo en riesgo nuestro derecho a acceder a la justicia.
