AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral-, debe informar sobre los criterios, fundamentos, datos, lineamientos y/o similares que se consideraron o tomaron en cuenta para el cálculo y determinación de las indemnizaciones que se entregaron a los deudos de las 40 personas de origen extranjero que fallecieron en el incendio del pasado 27 de marzo, en el Centro de Migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, presentara el punto ante el Pleno y señalara que en el caso específico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)-Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral- información relacionada con el incendio que se suscitó el 27 de marzo de este año, en el Centro de Migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 40 personas de origen extranjero y por el que se destinó la cantidad de 140 millones de pesos para las indemnizaciones de las familias.

Específicamente pidió conocer cuáles fueron los criterios, fundamentos, datos, lineamientos y/o similares que se consideraron o tomaron en cuenta para el cálculo y determinación de dicha indemnización.

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En su respuesta, el sujeto obligado informó que, derivado de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre de 2020, la figura del fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se encuentra en proceso de extinción, por lo que, a partir de dicha fecha, la CEAV brinda el apoyo de las indemnizaciones con cargo a su presupuesto autorizado.

Y a través de sus unidades administrativas, la Comisión señaló que para la reparación integral del daño se tomó como marco normativo lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas y su Reglamento, normas internacionales, convenios, resoluciones, declaraciones, precedentes, doctrina, jurisprudencia, tesis aisladas, etcétera, así como criterios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre Trabajadores Migratorios y de sus familiares.

Inconforme con la entrega de la información, que consideró no correspondía a lo solicitado, la persona recurrente presentó un recurso de revisión ante el INAI; y en vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta.

Del análisis hecho por la ponencia de la comisionada del Río Venegas, se advirtió que el agravio hecho valer por la persona recurrente es fundado, pues el sujeto obligado no turnó la solicitud a la totalidad de unidades administrativas competentes para conocer la información.

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Además, indicó que, si bien es cierto que el sujeto obligado mencionó de forma genérica los criterios utilizados para otorgar las indemnizaciones, también lo es que esa respuesta no acató el principio de congruencia y exhaustividad, al no brindar el fundamento para que se identificara todo lo que enumeró como marco normativo.

La comisionada Norma Julieta del Río agregó que, el pasado 8 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó una partida presupuestal especial para reparar el daño de las víctimas, misma que fue encargada a la CEAV, dependencia a la que se le está solicitando la información y que determinó el monto por 140 millones de pesos para las familias de los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez.

La Comisionada señaló que “el Estado mexicano no puede permitir que suceda otra tragedia como la que ocurrió en Chihuahua hace unos meses, y las herramientas de transparencia funcionan, precisamente, para aclarar qué pasó en realidad, qué pasó con los responsables, qué pasó con los trabajadores -que vimos en los videos- ¿se les aplicó la justicia?, ¿hay justicia?, ¿el dinero llegó a los deudos?”.