GABY SALIDO
Con el paso del tiempo, el discurso de la 4T basado en 3 mandamientos “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” ha perdido fuerza y credibilidad, ya que si algo han hecho bien, es incumplir esas reglas por seguir sus verdaderas convicciones.
Lo malo es que, por ser funcionarios públicos sus decisiones nos afectan como sociedad e impactan a la ciudad y al país. Por eso el servicio público exige entre otras obligaciones, congruencia en las acciones, ya que las consecuencias favorables o no, estarán presentes toda la trayectoria profesional.
Asumir un cargo de elección popular es adquirir una responsabilidad de cara a la ciudadanía y con las instituciones del Estado; por eso se protesta guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Mediante publicación en la Gaceta Oficial tienen validez los Decretos y Acuerdos, o bien Leyes que reflejan las decisiones de los funcionarios públicos.
Sin embargo, hay casos en que la publicación no coincide con lo anunciado o acordado previamente ¿Amnesia o mitomanía? Sin importar cuál de las dos sea la causa, el problema está en el daño provocado. Hoy tenemos un ejemplo de la incongruencia de una declaración y una publicación oficial.
Si leemos lo publicado el viernes 2 de septiembre y lo comparamos con lo anunciado públicamente un día antes por la misma jefa de Gobierno, respecto del Plan de disminución de trámites para establecimientos mercantiles es evidente la diferencia abismal entre una cosa y otra:
1. Se anunció un Acuerdo, pero se publicó una modificación al Reglamento de la Ley de Desarrollo urbano.
2. Se anunció reconocer el uso de suelo de restaurantes con más de 10 años de operación al margen de la Ley, se publica el reconocimiento de actividades de giros de impacto vecinal con más de 5 años de operación irregular.
3. Se dijo que el trámite no tendría costo, pero el costo del certificado es actualmente de 1740 pesos.
4. Se dijo que las alcaldías no tenían nada que ver, pero en la práctica es un nuevo intento por centralizar y conservar facultades que actualmente la ley concede a las alcaldías.
5. Asume funciones legislativas o piensa que el Congreso es una extensión del Palacio del Ayuntamiento, pues primero modifica el Reglamento y después pretende que el congreso le cambie la ley a la carta, para reconocer legalmente la existencia y validez de lo que fue publicado.
Si eso no es incumplir la ley, es síntoma de una autocracia; o bien, es faltar a la verdad y aunque sea sólo esta vez, ya hay motivo para dudar en todo lo demás.
Hemos sido testigos de acciones de autocracia en el palacio del Ayuntamiento, por ejemplo, al negarse públicamente a cumplir mandatos de la autoridad electoral; al centralizar funciones que corresponden a las Alcaldías; al asumir labores de entes autónomos; por intentar ejercer funciones legislativas y omitir o desconocer la labor del Congreso con Acuerdos o Decretos competencia de otro poder; al manda reformas de ley al Congreso para regularizar como quiere y cuando quiere las leyes.
Mi conclusión: esa publicación refleja el valor que un funcionario público da a su protesta de ley, pues incumple las normas al faltar a la verdad, pretender engañar y confundir a la opinión pública; y peor aún, usar la reactivación económica como excusa para disminuir trámites burocráticos y terminar regularizando giros mercantiles que antes no tenían el uso de suelo permitido.
Bien dicen que “para ser hay que parecer” y no cabe duda que desde el Palacio del Ayuntamiento se empeñan en parecer, ser y demostrar la importancia y valor que dan a los equilibrios democráticos de la Constitución.
En la misma medida que la Ciudad pierde la certeza jurídica de los usos de suelo de cada predio, la Jefatura de Gobierno pierde credibilidad.
