Rivelino Rueda 

MATENANGO DE LA FRONTERA.- La camioneta con las siglas de la Policía Estatal a un costado de la carretera, los uniformes aparentemente oficiales de dicha corporación y las armas de alto poder que portan los elementos que marcan el alto a los autos que circulan por la vía Motozintla-Frontera Comalapa parecen no dejar dudas: es un retén de rutina tras los cruentos enfrentamientos de finales de mayo en esta zona entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También es de rutina orillar el auto y levantar evidencia. La revisión es solamente con la mirada. Otros conductores pasan sin problemas e incluso algunos saludan o intercambian breves diálogos con los supuestos oficiales.

Son cuatro hombres. Tres descubiertos del rostro y uno con pasamontañas. El que oculta su cara es el que está más cerca de la camioneta con las siglas de la Policía Estatal: un vehículo destartalado, sin la estructura tubular que caracteriza a este tipo de vehículos y que regularmente se encuentran en la parte trasera de esas camionetas tipo pick up.

El individuo del pasamontañas hace preguntas. Duda al ver la cámara fotográfica, pero accede a una conversación. Dice que sí, que “la zona está muy caliente, y más para allá adelante, para Comalapa“.

Todo es normal hasta que se identifica un detalle. Luego varias piezas que no encajan. El hombre no porta ni una placa, ni una identificación oficial colgando del cuello, ni su nombre bordado en el chaleco antibalas.

En su lugar hay una gruesa cadena de metal y un colguije de la Santa Muerte. En el chaleco azul marino tampoco hay una insignia de la Policía Estatal. Lo que se observa es un escudo rectangular partido en dos: de un lado, la bandera nacional, del otro, el cráneo de un esqueleto.

La uña del dedo meñique de su mano izquierda tiene unos cinco centímetros de largo. A los costados de los pantalones, en bolsas tácticas, se dejan ver, desparramados, diversos cargadores y cartuchos.

Comienza la tensión. Por las fotografías que se les toman. Por el tiempo transcurrido. Por la charla improvisada. Por el sudor que comienza a descender a chorros de la frente, de las sienes, del cuello.

“¡Vámonos!” “¡Vámonos!“, grita otro supuesto policía, pero éste con uniforme café caqui. Luego levanta el fusil por encima de su cabeza. Luego apunta el fusil hacia un punto impreciso. Luego comienza a grabar. Los otros dos hombres, uno con uniforme negro y el otro azul oscuro, se mueven nerviosos.

–¿Ya se van?– pregunta el fotorreportero.

–Nosotros sí. No sé si ustedes se quieran quedar– revira uno

El hombre del pasamontañas estrecha la mano y se despide. Anota las placas del auto y las envía a un grupo de WhatsApp. Dos de sus compañeros graban video y también mandan el material de sus teléfonos móviles.

“Ya nos vamos. Ya hace hambre“, dice el del pasamontañas negro. Reiteró que la cosa “está caliente” y que esa carretera es “muy peligrosa”.

“Allá adelante hay otro retén de ministeriales. Cuidado con ellos porque no han comido. Han de tener mucha hambre”, comenta con una risa burlona que se atasca en la máscara de nylon que le cubre el rostro.

A 32 kilómetros de ese punto, en la entrada al municipio de Frontera Comalapa, aparece un retén del Ejército. Es el único que se encuentra en ese tramo que inicia desde el entronque de la autopista que va a Arriaga y luego a Tuxtla Gutiérrez.

¡Envíe una patrulla para allá!

El responsable del puesto militar observa las fotografías. Mueve la cabeza y lanza la orden a un subalterno: “¡Envíe una patrulla para allá!”

Cinco días más tarde, en San Cristóbal de las Casas, Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), escucha la historia. No lo duda: “Son miembros de ‘El Maíz’. Ya tenemos varios reportes de que así operan en esa carretera”.

–¿”El Maíz”?

–Sí. Los que provocaron el caos en los enfrentamientos de finales de mayo entre el CJNG y el CDS, precisamente en esa carretera.

“El Maíz” –añade– “es un brazo armado de los del Cártel Jalisco. Son los que levantaron a pobladores de Comalapa y otros pueblos, los que los reclutaron forzosamente para hacer bloqueos con autos incendiados“.

“Provocaron el desplazamiento de al menos 3 mil personas en Frontera Comalapa”, reveló Dora Robledo

Esa vía serpenteante, que abruptamente pasa de la neblina al calor de cuarenta grados a la sombra, en la planicie de Motozintla, hoy es tierra de nadie.

Las motocicletas que están a un lado de la carretera que va de Tapachula a Frontera Comalapa, y de ahí hasta San Cristóbal de las Casas, pareciera que están abandonadas. Nadie está cerca de esos vehículos. Esa es la impresión.

Pero detrás de los árboles, a un costado de piedras enormes, entre la tupida maleza, están los conductores de esas motos.

Son –dicen los pobladores de las comunidades, los miembros de Protección Civil, los que tienen pequeños negocios en esa vía– los “halcones” de los grupos criminales que se disputan la plaza, de este estratégico corredor para el trasiego de drogas, armas, migrantes y huachicol.

Algunos vigías, pocos, se dejan ver arriba de las motos, con sus teléfonos móviles, realizando llamadas, enviando mensajes, observando, siempre observando movimientos extraños, los vehículos que circulan, los rostros de quienes viajan en ellos.

Otros van y vienen. Rebasan los autos y las camionetas a gran velocidad y echan un rápido vistazo hacia el interior. Todos los tramos de esta vía están vigilados por esos “halcones”, del entronque de la autopista que va hacia Arriaga y Tuxtla Gutiérrez a Motozintla. De Motozintla a Frontera Comalapa. De ahí a La Trinitaria. Luego hacia Comitán, Atenango del Valle, Teopisca y San Cristóbal de las Casas.

Por esta ruta, a la altura del Puente Mazapa de Madero, todavía están las huellas del enfrentamiento armado que tuvieron las dos organizaciones criminales que se disputan el estado de Chiapas: el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación

Sobre el acotamiento de la carretera aún permanecen los esqueletos de dos taxis de Motozintla que fueron incendiados y utilizados por el grupo criminal “El Maíz” para realizar uno de los diversos bloqueos que se registraron en esta vía a finales de mayo.

“Se venden refrescos, dulces y gasolina”, ofrecen innumerables negocios. Diez litros de magna por 250 pesos. Los garrafones de plástico del tráfico hormiga de huachicol ya se ofrecen sin ningún rubor, a la vista de autoridades y fuerzas de seguridad.

Aquí, parece, este y otros negocios ilícitos llegaron para quedarse.

 

Una base social: decidir entre cárteles

Todavía traen los rostros desencajados y la mirada ausente. Uno de plano se da golpecitos en las sienes con los dedos medio e índice de su mano izquierda. No logra entender cómo se llegó hasta este punto. No alcanza a dilucidar por qué, hoy, las poblaciones de la frontera chiapaneca tienen que decidir si apoyan a los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o a los del Cártel de Sinaloa (CDS).

El hombre se atraganta de su coraje, su rabia. No da crédito a que, ante la permisividad de las autoridades, ante su inacción, ante lo que pareciera “su complicidad”, “aquí (en Motozintla), en Chamic, en Paso Hondo, en Chicomuselo, en Huixtla, en Comalapa, el pueblo tenga que estar decidiendo sobre qué grupo criminal nos trata mejor para respaldarlo”.

La crisis humanitaria en Chiapas, derivada de la violencia de diversos grupos de la delincuencia organizada, paramilitares y narcoparamilitares, anota la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Robledo, ha llegado hasta el grado “que la gente tenga que estar pensando a qué organización criminal apoyar para que no le hagan nada, ni a ellos ni a sus familias”.

“La gente en esa región tiene bien identificados a los grupos criminales, y aquí el asunto es que ya se comenta que los de Sinaloa los tratan mejor que los de Jalisco. La gente misma está diciendo: ‘No va a haber de otra. Así se va a quedar esto. Y nos tenemos que acostumbrar con uno o con otro’. De ese tamaño está la situación”.

El dilema se repite hacia La Trinitaria, hacia Las Margaritas, hacia Comitán: ¿Para dónde hacerse? ¿A quién respaldar? El riesgo latente es que estas organizaciones delictivas –dicen los pobladores, dicen los organismos de derechos humanos, dicen las autoridades– ya comenzaron a cimentar una “base social” en Chiapas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso, ha reconocido este fenómeno. En su conferencia matutina del 12 de julio en Palacio Nacional, el mandatario dijo que en algunos municipios de la entidad, como Benemérito de las Américas, la delincuencia organizada ha logrado obtener apoyo y respaldo de sectores de la población.

“En algunas comunidades, no en todas, la delincuencia organizada tiene base social”, Andrés Manuel López Obrador

“Benemérito de las Américas es un municipio limítrofe con Guatemala. En algunas comunidades, no en todas, la delincuencia organizada tiene base social. La gente les apoya, al grado de que hay pistas clandestinas donde bajan cocaína”, mencionó el presidente.

Pobladores de este corredor fronterizo no coinciden con López Obrador. La base social que ha construido el crimen organizado es amplia, muy amplia.

Dario (pide el anonimato por razones de seguridad), habitante de Comitán de Domínguez, dice que la gente que ya vive de los negocios de estos grupos realiza diversas funciones: “halcones”, mototaxistas, taxistas, choferes de transporte público (camionetas tipo Van que se observan por todo el estado), vendedores de “huachicol”, propietarios de comercios que instalan sus puestos al pie de la carretera…

“Por acá hay muchas necesidades. Eso ellos lo aprovechan”.

“Unos dan ‘pitazos’, otros almacenan, otros compran y venden, otros transportan. Ya muchos andan armados. Nomás es cuestión de fijarse bien. Aquí los conocemos y conocemos a los de poblaciones cercanas. ¿Y cómo no va a ser así? Por acá hay muchas necesidades. Eso ellos lo aprovechan”.

Chiapas sigue en la cima de los estados más pobres de México. En la última medición sobre los índices de pobreza en el país, de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de los 5.5 millones de habitantes que tiene la entidad, 4.2 viven en situación de pobreza.

Dora Robledo, directora del Frayba, expone que lo que ha observado y documentado en los últimos años ese organismo de derechos humanos es que esa base social del crimen organizado “se está construyendo con jóvenes hombres, principalmente”.

“A estos jovencitos que no tienen una alternativa para estudiar, para trabajar, pues se les hace más fácil unirse a estos grupos. Lo que estamos observando es que, por ejemplo, estas organizaciones delictivas les dan motos, les dan dinero, les dan armas, les dan drogas, como el caso de ‘Los Motonetos’, en San Cristóbal de las Casas”.

Los fenómenos sociales son latentes. La desculturización en las comunidades y el incremento en el consumo de alcohol y drogas son visibles desde el municipio de Suchiate hasta Maravilla Tenejapa; de Amatenango de la Frontera a San Cristóbal de las Casas; de San Juan Chamula a Pantelhó; de Las Margaritas hasta Altamirano; de Ocosingo a Palenque.

Cientos de muchachitos deambulan por carreteras, calles, veredas y caminos embrutecidos por el posh u otro tipo de aguardiente; por drogas como el crack, la cocaína, los psicotrópicos y los inhalantes. Otros más yacen en plazas, banquetas, vados de carreteras, totalmente fuera de sí. Todos ya enfundados con ropas tipo vaquero o portando ajustados pantalones de mezclilla, zapatos tenis y chamarras de piel.

“Esta es otra de las cosas”, dice Darío con la vista al piso, “que trajo consigo el crimen organizado; haga de cuenta como una nueva conquista”.