La destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE cerró uno de los episodios más conflictivos entre Morena y la comunidad académica. La decisión fue consecuencia de una gestión marcada por la confrontación, las denuncias y el desgaste institucional.
Fundado en 1974, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es una de las instituciones públicas más relevantes en ciencias sociales en México. Con una matrícula selectiva, ha formado cuadros clave en economía, derecho, ciencia política y políticas públicas. Su prestigio se construyó sobre mérito académico, autonomía y pensamiento crítico, principios que —según la comunidad— fueron cuestionados durante esta etapa.
Nombramiento cuestionado
Romero Tellaeche asumió la dirección en agosto de 2021, impulsado por María Elena Álvarez-Buylla, entonces titular de Conacyt. Desde el inicio, su nombramiento fue impugnado por estudiantes, profesores y egresados, quienes denunciaron un proceso irregular sin consulta efectiva y con violaciones estatutarias. Su ratificación en noviembre de 2021 detonó un paro estudiantil y protestas bajo la consigna Legalidad, Voz y Voto, dejando clara la falta de legitimidad percibida.
Gestión conflictiva
Durante su gestión, se acumularon señalamientos: despidos de académicos críticos como Alejandro Madrazo y Catherine Andrews, cancelación de programas, cambios normativos sin consenso y un clima laboral descrito como intimidante. En 2022 surgió una acusación de plagio académico; una comisión confirmó irregularidades, pero no hubo sanción. Romero respondió con demandas por daño moral contra académicos y medios, un hecho inédito en un centro público de investigación. También se documentaron denuncias por acoso laboral, violencia de género y un éxodo de investigadores, con daño reputacional evidente.
Trasfondo ideológico
El conflicto se inscribió en la disputa por el rumbo de la ciencia durante el sexenio obradorista. Desde Conacyt se promovió una narrativa que contrapuso la “ciencia del pueblo” a la “ciencia neoliberal”. El CIDE fue señalado como un espacio incómodo para el proyecto político de Morena, y Romero fue percibido como un intento de alineación ideológica, lo que para la comunidad implicaba riesgos a la autonomía y la libertad de cátedra.
Lo que sigue
Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, anunció la destitución y nombró como directora interina a Lucero Ibarra Rojas, académica del propio CIDE. La reacción fue inmediata y mayoritariamente favorable. Romero sostuvo que la remoción carecía de sustento legal, aunque la ley vigente faculta a la titular del sector para remover directores. El CIDE inicia una etapa de reconstrucción: confianza interna, prácticas colegiadas y prestigio no se recuperan de inmediato, más aún bajo una administración que se presenta como de continuidad. La lección es clara: sin legalidad ni consenso, el control político sobre instituciones académicas deriva en conflicto y pérdida de legitimidad.
El dato incómodo
En la revocación de Salomón Jara, con participación promedio de 29.9%, se detectaron 61 casillas con más de 90% de votación; 11 registraron 100% y dos reportaron más votos que electores, lo que alimenta señalamientos de fraude.
