A un año de que la extorsión se persigue de oficio tras la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, y al reconocer que se trata de uno de los delitos que más afectan a comercios y actividades económicas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una estrategia integrada por 15 medidas y la convocatoria, a inicios del próximo año, a la firma de un Pacto de Ciudad Unida contra la Extorsión y a Favor de la Seguridad y la Paz.

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Al presentar el informe mensual de seguridad, Brugada Molina señaló que, tras la disminución sostenida de otros delitos de alto impacto, el combate a la extorsión se convertirá en uno de los ejes prioritarios de la política de seguridad en la capital, por lo que se decidió concentrar esfuerzos en un plan que articula prevención social, reacción operativa, investigación financiera y atención a víctimas.

Explicó que el pacto comenzará a construirse desde ahora y se formalizará a principios del próximo año, con la participación de comerciantes, empresarios, iglesias, escuelas, consejos de participación ciudadana y distintos sectores sociales, bajo la premisa de que la extorsión no debe enfrentarse de manera individual.

En paralelo, se conformarán redes vecinales, empresariales y comerciales contra la extorsión, acompañadas de procesos de capacitación y talleres de prevención y autocuidado para atender tanto la modalidad virtual como la extorsión directa.

Como parte del mismo enfoque preventivo, se impulsará una nueva campaña de comunicación para informar a la población sobre qué hacer ante este delito y se reforzará el uso de los canales de reporte 089 y 55 52 42 50 34, con atención y asesoría especializada sin necesidad de acudir a una agencia del Ministerio Público.

En materia de resultados, se informó que en lo que va de 2025 han sido detenidas 234 personas por el delito de extorsión, frente a 181 registradas en el mismo periodo de 2024, mientras que en casos de tentativa se reportaron 23 detenciones, contra nueve del año anterior.

Asimismo, se registró un incremento de 94.2 por ciento en detenciones y judicializaciones por este delito, con 200 casos, tras la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión.

A ello se suma la atención de 2 mil 608 llamadas a la línea especializada contra la extorsión, canalizadas a través del C5 y atendidas de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que ha permitido desactivar esquemas de extorsión, principalmente en su modalidad virtual, y derivar investigaciones penales.

En el ámbito de la reacción inmediata en comercios, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la instalación de botones de auxilio físicos y virtuales pasó de 361 en 2024 a 2 mil 170 en 2025, lo que representa un incremento cercano a 600 por ciento. Explicó que estos dispositivos permiten activar de forma prioritaria la intervención del policía del cuadrante ante amenazas o intentos de extorsión.

El plan también contempla ampliar la videovigilancia en establecimientos comerciales. Al respecto, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que se han firmado convenios con cámaras empresariales y cadenas comerciales para integrar miles de negocios a la red de monitoreo.

Indicó que, de acuerdo con los reportes de las propias empresas, en los establecimientos donde las cámaras están conectadas al C5 y coordinadas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la incidencia delictiva de carácter patrimonial se ha reducido hasta en 70 por ciento en las inmediaciones o al interior de los negocios.

Guerrero Chiprés explicó que este esquema no sólo permite una respuesta más rápida ante emergencias, sino que también genera evidencia para las investigaciones y fortalece el efecto disuasivo en zonas comerciales.

Dentro del mismo paquete de medidas se encuentra la instalación de inhibidores de señal en los principales centros penitenciarios de la Ciudad de México, con el objetivo de impedir que la extorsión se cometa desde prisión, así como la creación de un Gabinete Especial contra la Extorsión para coordinar esfuerzos interinstitucionales y dar seguimiento puntual a la estrategia.

Finalmente, informaron que el plan incluye fortalecer la protección integral a víctimas de extorsión, con medidas de resguardo, apoyo en traslados, reubicación durante procesos penales, atención psicológica y orientación jurídica, además de impulsar adecuaciones al Código Penal local para armonizar las reformas federales en la materia y presentar nuevas iniciativas, incluidas disposiciones relacionadas con testigos protegidos.