Durante las últimas dos semanas el hallazgo de fosas clandestinas y un probable campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha acaparado la atención de la opinión pública, asombrada primero, horrorizada después, por lo que se supone pudo haber ocurrido ahí.
El hallazgo de zapatos, vestidos, ropa interior, pantalones, mochilas y maletas, entre otros objetos personales, algunos de los cuales han sido identificados por familiares como propiedad de sus hijas o hijos desaparecidos, ha encendido señales de alerta respecto a una crisis de derechos humanos que podría poner en jaque al gobierno como en su momento ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, aunque este caso apunta a ser aún más grave.
Ante la creciente presión social, Claudia Sheinbaum ha anunciado acciones destinadas a atender las desapariciones que se multiplican día a día, aunque ha topado con el escepticismo y enojo de los colectivos de madres buscadoras que alegan un desconocimiento total del fenómeno por parte del gobierno, advirtiendo que no hacen falta más leyes, sino voluntad política para que las existentes se apliquen y las autoridades responsables actúen.
Ese malestar se multiplicó durante la semana debido a la forma en que las autoridades federales organizaron, es un decir, la visita al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a la que acudieron youtubers, periodistas y colectivos de madres buscadoras. La primera queja surgió cuando se dio acceso a los youtubers, ávidos de contenidos escandalosos, antes que a nadie más. Representantes de medios de comunicación formales y colectivos reprocharon que entraran antes los llamados buscadores de contenidos que quienes buscan a sus seres queridos.
Sin embargo, la frustración y la desesperación se desbordaron cuando los asistentes descubrieron que el rancho había sido limpiado, desapareciendo de la escena todos los hallazgos encontrados días atrás por los colectivos. En el lugar solo había cintas amarillas colocadas para evitar el acceso de los visitantes a ciertas áreas supuestamente custodiadas por peritos forenses.
La ausencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y de cualquier otra autoridad que diera algún tipo de explicación a los asistentes provocó el enojo generalizado, pues la supuesta intención era ofrecer explicaciones y aclarar dudas, lo cual no ocurrió. En conclusión, la visita dejó más preguntas que respuestas, además de una sensación de incomprensión y falta de respeto de las autoridades hacia los familiares de las víctimas.
La tragedia humana que representa la desaparición forzada en México ha sido un fenómeno que sucesivos gobiernos no han querido reconocer o, de plano, como en el caso de López Obrador, decidieron ignorar, abandonando a su suerte a los familiares de las víctimas. El caso Teuchitlán, que ha capturado el interés de los medios internacionales, parece estar despertando conciencias por sus graves implicaciones, que han llevado a algunos a compararlo con campos de concentración como el de Aushwitz, en la Alemania nazi, lo cual lleva a presumir delitos de lesa humanidad.
Claudia Sheinbaum está ante la gran oportunidad de atender el problema y resolverlo de fondo de una vez por todas, o actuar como sus antecesores y dejar pasar los hechos como si no ocurrieron, aunque en su caso se encuentra ante el grave riesgo de que todo el peso de esta desgarradora historia recaiga sobre su gobierno, el primero de una mujer presidenta. Conducirse como lo ha hecho en sus últimas mañaneras no envía una señal positiva, cuando los colectivos ya hablan de la construcción de una nueva “verdad histórica”, pero todavía es tiempo de rectificar.
