Al encabezar el Plan de Justicia para pueblos indígenas de Guanajuato y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia integra resolución agraria, infraestructura social, programas de bienestar y el Faispiam, fondo que otorga presupuesto anual directo a comunidades chichimecas y otomíes mediante asambleas comunitarias.

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Señaló que el Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) opera como el eje financiero del Plan de Justicia al garantizar presupuesto anual directo a todas las comunidades indígenas y afromexicanas, con un esquema de administración comunitaria basado en decisiones tomadas en asamblea.

Sheinbaum explicó que este modelo permite que cada comunidad defina el destino de los recursos conforme a sus prioridades locales, mediante la designación de comités de ejecución y vigilancia, así como una tesorera mujer responsable del manejo del presupuesto comunitario.

El Plan de Justicia incluye, como componente central, la atención a conflictos agrarios históricos, entre ellos uno con una antigüedad superior a 80 años, cuya resolución derivó en el reconocimiento del nuevo ejido Nuevo Cruz del Palmar como salida institucional a una disputa territorial prolongada.

A la par del eje agrario, la estrategia incorporó infraestructura social, como la recuperación de la capilla del Puerto de Calderón, identificada como un espacio de valor comunitario y cultural para los pueblos chichimeca y otomí.

En el ámbito educativo y alimentario, el balance presentado por la presidenta contempló la construcción de cinco comedores escolares en comunidades indígenas de la región, orientados a fortalecer la alimentación de niñas y niños en zonas de alta marginación.

También reportó apoyos a 712 jóvenes mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de fortalecer la formación laboral y la integración productiva de juventudes indígenas del Bajío.

En materia de vivienda, el informe contabilizó 1,123 apoyos entregados a familias de comunidades chichimecas y otomíes, como parte de una política de bienestar enfocada en mejorar condiciones habitacionales en territorios indígenas.

La Secretaría de Salud incorporó el reconocimiento institucional del trabajo de las parteras tradicionales, a través de un encuentro regional y la apertura del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, bajo una norma que reconoció su labor histórica.

La presidenta detalló que el Plan de Justicia integró además acciones en materia de agua potable, caminos artesanales, programas productivos como Sembrando Vida y proyectos de infraestructura comunitaria, con compromisos en seguimiento por parte de distintas dependencias federales.

Entre los pendientes enlistados se ubicaron el decreto y catálogo de lugares sagrados, la restauración de capillas familiares, la atención a la certeza jurídica de otras tierras y el reconocimiento de territorios ancestrales en distintas localidades.