A raíz del caso de Teuchitlán, donde autoridades identificaron un sitio destinado al adiestramiento y reclutamiento de jóvenes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandató una revisión profunda del modelo de atención a colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas, con el propósito de corregir omisiones institucionales y fortalecer la respuesta inmediata del Estado.
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La mandataria sostuvo que el gobierno estableció la obligación legal de abrir una carpeta de investigación desde el momento en que se denuncia una desaparición, debido a que en el pasado las fiscalías registraban reportes sin iniciar indagatorias formales o los casos quedaban asentados en plataformas de comisiones de búsqueda sin que existiera investigación ministerial.
Sheinbaum afirmó que el cambio normativo reconoce la desaparición como delito desde el primer momento y activa la obligación de búsqueda, lo que modificó el procedimiento anterior en el que la denuncia no siempre derivaba en diligencias inmediatas, situación que dificultó la localización de personas y la integración de expedientes sólidos.
La presidenta indicó que el nuevo esquema incluye un sistema de alertamiento automático, que notifica a fuerzas municipales, estatales y federales, así como a instancias públicas y privadas —entre ellas aeropuertos, bancos y líneas de transporte— con el objetivo de actuar en las primeras horas tras la denuncia.
Sheinbaum detalló que el gobierno fortaleció las capacidades de inteligencia e investigación en casos vinculados con delincuencia organizada, al considerar que la mayoría de las desapariciones actuales guardan relación con estos grupos, aunque reconoció que también existen casos de otra índole en menor proporción.
La presidenta también abordó el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y señaló que la investigación en torno a plataformas digitales y videojuegos avanzó para detectar mecanismos de captación, además de que el gobierno ordenó desactivar espacios digitales vinculados con estas prácticas.
Reconoció que la desaparición de personas continúa como una situación dolorosa en el país y afirmó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantiene atención directa a colectivos, mientras ella misma intervino en algunos casos específicos.
Sheinbaum aseguró que cuando un elemento policial o de la Guardia Nacional comete un ilícito, la autoridad detiene al responsable y abre el proceso correspondiente, y reiteró que no existe una política estatal orientada a la desaparición de personas, como ocurrió en el periodo autoritario del siglo pasado.
La mandataria defendió el papel de la Guardia Nacional bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y rechazó que exista militarización, al argumentar que el marco constitucional respalda su actuación y que la comandancia de esa corporación mantiene formación diferenciada respecto del Ejército.
