La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó dos operativos simultáneos en la Reserva Cuxtal, al sur de Mérida, tras recibir denuncias por ocupación irregular y presunto daño ambiental. Las inspecciones derivaron en la clausura temporal total de varios predios donde se detectaron desmontes y construcciones sin autorización.

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Los despliegues se realizaron con dos equipos integrados por inspectores de la Profepa, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, además de personal directivo, jurídico y técnico de la reserva, incluida su directora y guardaparques. Las acciones se desarrollaron de manera coordinada dentro de la poligonal del área natural protegida.

Desmonte, bardas y carbón sin acreditar

Durante las diligencias se documentó el desmonte de selva baja, la edificación de estructuras sin permisos y el transporte de más de mil 160 kilogramos de carbón vegetal sin acreditar su procedencia legal.

En el sitio identificado como Hacienda Ana Victoria se constató la remoción de aproximadamente una hectárea de vegetación forestal y la construcción de una barda perimetral de block y cemento de cerca de tres metros de altura. Al no encontrarse responsables ni exhibirse autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la autoridad impuso la clausura correspondiente.

Caminos abiertos y afectación de miles de metros cuadrados

En otras dos inspecciones realizadas dentro de la reserva se detectó la apertura de un camino de 379 metros de largo por 12 de ancho, con una afectación estimada en 4 mil 548 metros cuadrados, además de otra zona desmontada de 7 mil 310 metros cuadrados.

Las obras incluyeron nivelación del terreno y colocación de material pétreo para formar un terraplén. Ante la falta de permisos en materia forestal, también se determinó la clausura temporal total de esas actividades.

Protección de la selva y la recarga hídrica

Con estas acciones, la Profepa busca frenar la fragmentación de la selva baja y proteger funciones ambientales clave, como la recarga de agua y la conservación de la biodiversidad en la zona sur de Mérida.

Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y posibles sanciones conforme a la legislación ambiental vigente.