La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró que se haya dictado orden de aprehensión y auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en marzo de 1994.
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La resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, como resultado de las investigaciones derivadas de la Recomendación 48VG/2021, después de que hace cuatro años se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, actos de tortura y diversas irregularidades cometidas en contra de Mario Aburto Martínez y su familia desde su detención en Tijuana.
A partir de esos hallazgos, la Recomendación planteó la necesidad de reabrir el caso, lo que fue aceptado por la Fiscalía General de la República, por lo que hizo un reconocimiento al trabajo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, así como de sus titulares, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el fiscal Abel Galván Gallardo, quienes, aseguró, impulsaron la reapertura del expediente y la creación de una fiscalía especializada para el caso.
La Comisión señaló que debido en la revisión posterior se pudieron retomar elementos que “durante años” quedaron sin valoración y que resultaron fundamentales para cuestionar la versión oficial que sostuvo que Aburto actuó como un “asesino solitario”.
Esa narrativa, consideró, estuvo comprometida desde el inicio porque las pruebas utilizadas para sostenerla fueron obtenidas bajo tortura y coerción, lo que debilitó la validez de las conclusiones que durante décadas se mantuvieron sin revisión.
La CNDH explicó que la reapertura de la investigación permitió revisar nuevamente los hechos del día del atentado, entre ellos los indicios que en su momento vincularon a Sánchez Ortega.
El organismo recordó que el exagente fue detenido en Lomas Taurinas con manchas de sangre en su ropa y con una prueba de rodizonato positiva, pero aun así fue liberado 19 horas después, pese a que la autoridad contaba con 48 horas para resolver su situación. Indicó que esa liberación ocurrió tras la intervención de altos funcionarios del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo que derivó en que la Procuraduría General de la República concluyera que el arma homicida era la que portaba Aburto y sostuviera la hipótesis del atacante solitario.
La Comisión también recordó que por instrucciones del expresidente Carlos Salinas se creó una Fiscalía Especial que investigó el caso durante 16 años y que, al término de ese periodo, sostuvo la misma teoría del “giro de 180 grados” en la caída del candidato, sin considerar las inconsistencias acumuladas ni las violaciones al debido proceso que se fueron documentando por lo que durante toda esa etapa, aseguró, Mario Aburto permaneció como el único sentenciado, pese a las irregularidades persistentes en el expediente.
La CNDH señaló que desde 1994 existía una queja presentada por Aburto ante la propia Comisión por actos de tortura, la cual no fue atendida. Agregó que, debido a la continuidad de los malos tratos, él volvió a denunciar en 1996 y en ocasiones posteriores sin obtener respuesta.
A lo largo de esos años, explicó, fue trasladado a centros penitenciarios alejados de su familia, situación que ha impedido que reciba visitas de sus padres y hermanos durante más de tres décadas, lo que constituye otra forma de tortura que se mantiene en seguimiento dentro de la Recomendación 48VG/2021.
Finalmente, indicó que, con el avance judicial más reciente, la acción penal contra Sánchez Ortega representa un paso significativo para avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes más relevantes de la historia política reciente y reiteró que ello contribuye al ejercicio pleno de los derechos a la verdad y a la justicia en el país.
