Tanto por la ausencia de políticas públicas integrales para su atención, como por la incapacidad, ausencia o indiferencia de muchas autoridades, el cobro de piso y otras modalidades de extorsión han aumentado hasta convertirse en un delito que amenaza la seguridad y tranquilidad de la sociedad.

Una evidencia del tamaño del problema lo proporcionó el Semáforo Delictivo en mayo pasado, al informar que la mitad de los estados de la República se encontraban en alerta roja por el alto número de extorsiones registradas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (septiembre), dio a conocer que en 2021 la extorsión fue el principal delito que padeció el gremio en siete de cada 10 entidades del país; estimando tener pérdidas por 120 mil 200 millones de pesos, equivalente a 0.67% del PIB nacional.

En los últimos años diversas investigaciones periodísticas y académicas han dado cuenta de chantajes, amenzas, despojos y pagos de renta forzosos que padecen muchos profesionistas, taxistas, tianguistas, transportistas, albañiles, establecimientos comerciales y empresas de todos los tamaños.

La extorsión, en cualquiera de sus modalidades, se encuentra extendida por todas las capas poblacionales y ámbitos de la sociedad, afectando el orden social, económico y político; y la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones del Estado.

A pesar de estos datos, resulta esperanzador advertir que las herramientas de denuncia y prevención desarrolladas a nivel local y federal durante los últimos siete años, tanto por organismos gubernamentales como ciudadanos, han contribuido a delinear mecanismos que están llamados a servir de base para la implementación de estrategias integrales.

Prueba de ello es la estrategia para combatir el fraude y la extorsión en la CDMX, que tiene como herramienta principal la aplicación móvil NO+XT además de una campaña de información y fomento a la denuncia; en el plano federal, el relanzamiento a nivel nacional del número telefónico 089 para denuncias anónimas contra la extorsión y la creación de la base de datos nacional de presuntos números de extorsión. Herramientas a las que se vienen a sumar las estrategias desplegadas durante el presente año en los municipios de Tamaulipas, en Cancún, León y Celaya, y que han sido apoyadas activamente por las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia (MCSyJ), coordinadas por México SOS.

Asimismo, en dichas localidades se despliegan operativos conjuntos de fuerzas federales, estatales y municipales para brindar protección a las víctimas directas de extorsión e implementando dispositivos de seguridad in situ, que buscan proteger a los comercios y empresas para que no suspendan actividades por temor e inhibir la acción de los delincuentes.

A la par, en León y Celaya, las MCSyJ promueven sesiones de información, directamente y de boca en boca, con comités de colonos, vecinos vigilantes, asociaciones civiles y empresariales sobre los mecanismos de prevención y actuación contra la extorsión en sus diferentes modalidades.

En tanto que Cancún despliega operativos de campo con integrantes de la Policía de Investigación, personal de la Dirección General de Atención a Víctimas y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, donde participan integrantes de la MCSyJ.

Mientras esto ocurre, la creación de la Comisión Nacional contra la Extorsión, anunciada por los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Gobernación en junio de 2022, duerme el sueño de los justos.