Es altamente sugerente, provocador y tentador escribir sobre la extorsión, que no del “acuerdo bilateral” México-EUA, con término (amenaza) de 30 días para su cumplimiento. Pero lo dejaremos para la siguiente entrega.
En la primera parte escribimos sobre la descomposición de la seguridad en México en el inicio del milenio. En el 2006, al repetir el mismo partido político en el poder, pareciera que se cumpliría el sueño de consolidar una institución con talento, tecnología y procesos para el combate a la aún controlable delincuencia organizada.
Tomaba el poder una dupla joven: un político de carrera, técnicamente preparado, con buenas cartas credenciales en materia económica; lo acompañaba el otrora “mejor policía de México”, dicho por el entonces presidente Felipe Calderón. El nuevo y flamante secretario de Seguridad Pública federal, diseñador de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, ambas bajo el mandato del presidente Vicente Fox. Hablamos del ingeniero Genaro García Luna, sin duda un muy buen investigador, pero un secretario de Seguridad muy polémico.
Ambos, presidente y secretario, le declararon la guerra a la delincuencia organizada en México, con los resultados por todos conocidos. El saldo, según cifras del INEGI, llegó a 121 mil muertes y más de 26 mil desaparecidos, lo que significó que 147,000 personas dejaron de pertenecer a alguna de las familias mexicanas. Si hacemos un pequeño, pero patético cálculo, llegaremos a una cifra alarmante: cada familia mexicana está conformada, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por 4.8 integrantes; si multiplicamos 147 mil por 4.8 miembros el resultado es de 705,600, lo que significa que en ese sexenio hubo 700 mil personas pertenecientes al mismo número de familias afectadas directamente por la ausencia de un integrante en casa. En ese sexenio, inició la cifra negra de insalubridad mental en México.
El resultado se vio en las urnas: llegó de nuevo el PRI; en materia de seguridad no hay mucho que contabilizar, pues podríamos decir que hubo cambios para no cambiar. Se volvieron a “romper instituciones” para crear otras con fines de maquillaje, de una secretaría a una comisión de seguridad que centralizó el poder bajo una sola persona, cuya finalidad era manejar los grandes presupuestos en la materia. Aumentaron los muertos y desaparecidos; se sumaron ausentes en las familias mexicanas y la salud mental continuó deteriorándose bajo un empoderamiento criminal mayor.
Ningún partido político pudo; la corrupción o la ineficiencia acabó por eliminarlos en la grave responsabilidad de la solución de la inseguridad nacional, hasta que la ciudadanía dio la oportunidad al insistente Andrés Manuel López Obrador, quien, bajo el amparo de Morena y rompiendo paradigmas, dejó de prevenir, investigar, infraccionar, perseguir y hasta sancionar a la delincuencia organizada, acaso, solo a aquellos que se vieran muy comprometidos en situaciones flagrantes o bajo presiones, muchas presiones internacionales. El entonces presidente pensó que, atendiendo las causas bajo polémicos programas sociales, la violencia cesaría de inmediato. Sin embargo, los muertos y desaparecidos siguieron sumándose, pero las capacidades criminales multiplicándose.
El voto de confianza continuó. Veamos qué pasará.
Cuatro sexenios, de partidos diferentes, pudiesen argumentar sus resultados en cifras de decomisos, desmantelamientos de redes y grupos criminales; de capturas de generadores de violencia, de extraditados y hasta de grandes capos inhabilitados, pero ninguno de ellos de regresar la gobernabilidad, ni mucho menos mantener la paz perdida, mínimo anhelo de todo ciudadano y máxima responsabilidad de cualquier funcionario que se presuma demócrata.
Bernardo Gómez del Campo, asesor en seguridad integral.
@BGomezdelCampo
