AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández aseguró que existe una relación “institucional” con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, no obstante la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes de su gabinete de “no contestar ni siquiera el teléfono” a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña.

Cuestionado al respecto en la conferencia matutina que encabezó este lunes en Palacio Nacional, en ausencia del primer mandatario del país por haber dado positivo a Covid-19, sostuvo que la relación entre el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será sólo “de carácter institucional”.

Es más, en ese sentido, comentó que recién, la ministra Piña solicitó que se envíen elementos de la Guardia Nacional protejan las instalaciones de la Suprema Corte, por una marcha que tiene como destino final su edificio en el Centro Histórico.

“De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días y en las últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida hacia o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostuvo el secretario, quien insistió que “tiene que haber como tiene que existir entre los tres poderes, una relación institucional”.

Y es que, la duda de la relación entre estos dos poderes se vio mermada, luego de que el viernes pasado, el presidente López Obrador acusó a la ministra, Norma Lucía Piña, de querer “negociar” el plazo en el que la Guardia Nacional debía regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).