Julio César ‘N’ ha logrado una significativa victoria legal. Tras su deportación desde Estados Unidos y detención en México, donde enfrenta una orden de aprehensión pendiente por presuntos delitos de delincuencia organizada, el boxeador obtuvo un amparo que le permitirá mantenerse en comunicación mientras permanece en prisión preventiva en el penal federal número 11 de Hermosillo, Sonora.

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La resolución fue emitida por la titular Ana María Nava Ortega, del Juzgado Decimoprimero, donde ‘El Junior’ presentó un día antes su solicitud de amparo. De esta manera, la jueza otorgó la suspensión de cualquier medida que impidiera al pugilista de 39 años mantener contacto con el exterior durante el desarrollo de su proceso legal.

Este fallo, informado por distintos medios locales, se produce después de que el hijo del legendario boxeador Julio César Chávez interpusiera el recurso legal argumentando “ilegal privación de libertad e incomunicación” un día antes de la resolución.

‘El Hijo de la Leyenda’ había recibido prisión preventiva justificada, como medida cautelar, en la primera audiencia del boxeador. Esto, por un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, tras haber sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas desde 2023.

Su nombre aparecía vinculado a figuras notorias del narcotráfico como Ovidio Guzmán. De hecho, había sido asociado a investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa desde 2019.

El proceso culminó con su detención en los Estados Unidos el 2 de julio, poco después de su participación en un combate de exhibición. Tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante seis semanas, fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas en Nogales, Sonora, el 18 de agosto, para luego ser trasladado al penal de Hermosillo.

Será el próximo sábado, cuando el boxeador sea presentado nuevamente ante el juez de control encargado de su caso, quien determinará si es vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada o si podrá continuar su proceso legal en libertad. Esta decisión marcará el rumbo definitivo del caso que mantiene en vilo al mundo del boxeo y a la opinión pública mexicana.