El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa de reforma constitucional sobre rentas justas y asequibles, que será aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones y con base en la cual se elaborará la ley secundaria correspondiente.

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La iniciativa propone que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación, elevando este principio al nivel constitucional para evitar la especulación y proteger a las familias.

Además, el gobierno tendría la obligación de incrementar la oferta de vivienda social y accesible, con mecanismos de acceso especialmente dirigidos a jóvenes y grupos vulnerables. Se plantea una entidad encargada de promover y defender los derechos y obligaciones en las relaciones entre arrendadores e inquilinos.

También establece reconocer constitucionalmente el derecho de toda persona a mantener su vínculo social, cultural y económico con la ciudad y el territorio donde ha desarrollado su vida.

El texto constitucional incluye la obligación del gobierno de disminuir los efectos negativos de la gentrificación y favorecer el arraigo de la población.

Los legisladores de Morena rechazaron que con esto se busque limitar la propiedad privada o dañar a los arrendadores de vivienda.

CRITICA PAN

Por su lado, diputados locales del PAN advirtieron que la reforma constitucional en materia de rentas no resuelve el problema de la vivienda e incluso puede agravar el problema.

Sentenciaron que el control de precios y la intervención del Estado en el mercado inmobiliario provocarán efectos contrarios a los que se buscan, además de que la reforma presenta errores jurídicos y generará más burocracia.

Los diputados panistas acusaron que no se va a generar vivienda social, va a generar clientelas políticas, va a beneficiar a grupos de presión, a vivienderos y ocupaciones ilegales.

El vicecoordinador de Acción Nacional, Diego Garrido, advirtió que la iniciativa representa es un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común, al señalar que se trata de una propuesta que disfraza malas ideas de buenas intenciones, pero que terminará afectando a quienes busca beneficiar.

En cuanto al llamado derecho al arraigo vecinal, señaló que se trata de una figura ya contemplada en la legislación civil, por lo que su inclusión en la Constitución representaría una duplicidad innecesaria con fines ideológicos.

El coordinador de los panistas, Andrés Atayde, reconoció que existe coincidencia en la necesidad de garantizar vivienda accesible para las y los capitalinos, pero advirtió que la propuesta del gobierno de la Ciudad no conduce a ese objetivo.

SE ANALIZARÁ

El presidente del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, dijo que esta iniciativa debe revisarse a profundidad y dictaminada con la participación de todos los sectores involucrados debido a su relevancia.

Señaló que se requiere escuchar a inquilinos, propietarios, especialistas, autoridades y sectores productivos, con la finalidad de lograr un equilibrio en el instrumento legislativo. También, puntualizó, para no afectar a quienes apuestan a invertir en el tema de las propiedades y vivienda, ni a la ciudadanía, al establecer los criterios adecuados para garantizar certeza jurídica en la renta de vivienda.

“La vivienda no es un privilegio, es un derecho. Pero garantizarlo en una ciudad tan compleja implica enfrentar desafíos reales: acceso equitativo, estabilidad en los arrendamientos, protección contra abusos y, al mismo tiempo, certeza jurídica para quienes rentan e invierten en vivienda. Ese equilibrio es el reto central”, sentenció.