Foto: Cortesía Ahora resulta que no sólo el crimen organizado es el extorsionador número 1 de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sino que también el gobierno, porque la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que, la autoridad se convierte en uno de los principales extorsionadores “en aras de hacer cumplir la ley”.
Con lo anterior, éste “ya es un delito desbordado”, afirmó el presidente del sindicato patronal, Juan José Sierra Álvarez, en conferencia de prensa.
Al presentar la primera edición de su Monitor de Seguridad sobre extorsión, correspondientes al primer trimestre de 2026, se estima que este delito cuesta 15 mil millones de pesos al año a los empresarios, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que la cifra real podría ser mucho mayor.
Se aseveró que este delito “tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y mata a la Mipyme”, toda vez que, a decir del presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, Jorge Peñuñuri, los niveles de extorsión se mantienen como los segundos más altos de los últimos 11 años, con dos mil 915 víctimas de extorsión entre enero y marzo de este año, 32.4 personas todos los días, según los resultados del Monitor de Seguridad.
Pero además, 97% de las extorsiones en el país no se denuncian, lo que significa que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo reflejan únicamente el 3.0% de lo que realmente ocurre todos los días en el país; por lo que Juan José Sierra no descarta que podría ser uno de los aspectos que afecte próximamente la revisión del T-MEC.
Asimismo, sostuvo que “37.7% -del 100% de empresas afiliadas a la Coparmex que fue extorsionado- realizó un tipo de pago, es decir, sí procedió el tema de la extorsión”, pero en la encuesta entre sus socios no se ahondó en los montos de la extorsión pagada a las autoridades y al crimen organizado.
“Hay quejas de empresarios en algunas ciudades y en algunos estados, pero tampoco aportan específicamente el monto de los pagos de la extorsión a las autoridades y al crimen”, dio a pregunta expresa.
Recordó que municipios y estados “se ponen muy creativos” cuando empiezan a preparar los presupuestos de cara al siguiente año, y “anuncian algún tipo de iniciativa de ley para cobrar impuestos, como los ambientales, luego hay una interpretación muy diferente de un municipio a otro, inclusive de un estado a otro”, lo que provoca que “algún representante o alguien haciéndose valer como representante de la autoridad se presente para extorsionar a los empresarios, en aras de hacer cumplir este tipo de nuevas leyes o iniciativas”, señaló Juan José Sierra.
Del Monitor se desprende que en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión en el primer trimestre del año con respecto a 2025 y que 9 estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años, en donde Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco tuvieron la mayor variación anual.
En tanto, nueve entidades llegaron a su máximo histórico, como Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro; y de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión, 13 se concentran en Guanajuato y en Ciudad de México.
Se advirtió que la extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose, y los 71 Centros Empresariales de la Coparmex darán seguimiento al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigilando las adecuaciones legales en los congresos locales, la atención a víctimas y el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir este delito.
