Criminalización de la migración en Texas

RICARDO MONREAL

El pasado 18 de diciembre, Greg Abbott, gobernador de Texas, promulgó un paquete de leyes aprobado por la 88.º Legislatura de ese estado de la UniónAmericana. Allí se encuentran dos reformas con diversas medidas antiinmigrantes: la primera es el proyecto de Ley Senatorial 3 de la Sesión Especial #4(Huffman/Jetton), el cual asigna 1,540 millones de dólares a las autoridades locales (departamentos de Policía), para incrementar la vigilancia en la fronteracon nuestro país (esto es, implementar el proyecto de ley SB4, que en próximas líneas se describirá), además de la construcción, operación y mantenimiento deinfraestructura de barrera fronteriza, es decir, de un muro.

De acuerdo con Adriana Piñon, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU of Texas, por sus siglas en inglés), “[…] elestado desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas de vigilancia fronteriza fallidas que podríamos gastar en educación, mejorinfraestructura y mejor atención médica”. La segunda es el proyecto de Ley Senatorial 4 de la Sesión Especial #4 (Perry/Spiller o proyecto de ley SB4).

De acuerdo con información del sitio electrónico de la Oficina del Gobernador de Texas, ese proyecto de ley: Crea un delito penal por la entrada ilegal a este estado desde una nación extranjera. Toma medidas enérgicas contra los intentos repetidos de ingresar a Texas al crear el delito de reingreso ilegal y penaliza a los infractores con hasta 20 años de prisión. También proporciona el mecanismo para ordenar a un delincuente que regrese a la nación extranjera desde la cual entró o intentóingresar a este estado. La ley proporciona inmunidad civil e indemnización a funcionarios, empleados y contratistas de los gobiernos locales y estatales pordemandas que resulten de la aplicación de estas disposiciones.

Se tiene previsto que este último proyecto de ley entre en vigor el 5 de marzo de 2024, aunque ello puede cambiar dependiendo del resultado de las accioneslegales que presente cualquier parte afectada o interesada.

Por su parte, Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó que el proyecto de ley SB4 no servirá para aumentar la seguridad en laspoblaciones texanas cercanas a la frontera con México.

Mientras tanto, y a decir de la ACLU of Texas, que interpuso una demanda ante una corte federal de la ciudad de Austin, impugnando el proyecto de ley SB4, estepermitiría a las autoridades locales y estatales arrestar y detener a personas de las que se sospeche que ingresaron a Texas desde otro país, sin autorizaciónfederal. Asimismo, habilita a los jueces de Texas —que no están capacitados en leyes de inmigración ni tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir— aordenar la deportación de una persona sin el debido proceso y antes de que tenga la ocasión de buscar protección humanitaria.

Recuérdese que —como ya lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador— todo lo relacionado con la política exterior estadounidense correspondeal Congreso y al mandatario de ese país. En tal sentido, el control de la inmigración es una competencia federal; de ahí que el Gobierno de Méxicotambién tomara la decisión de impugnar el proyecto de ley SB4.

El jefe del Estado mexicano calificó a este proyecto de ley como inhumano, y señaló que tiene tintes políticos, porque se inscribe en el marco del procesoelectoral de 2024, que también se llevará a cabo en aquel país y para el cual el gobernador Abbott buscará asentarse en la candidatura a la Vicepresidencia, porparte del Partido Republicano.

Además, el proyecto conlleva una serie de afectaciones graves a los derechos humanos, como la separación de familias, la discriminación y el perfilamientoracial.

La criminalización de la migración es un fenómeno que no se debe banalizar, y medidas antiinmigrantes como las promulgadas en Texas tienen que sercombatidas por todos los medios legales disponibles, pues, generalmente, las personas migran por necesidad y no por complacencia; no lo olvidemos.

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