Desde el inicio del texto, Lo que durante años fue rumor, expediente periodístico, filtraciones y conversación en voz baja dentro de los círculos de inteligencia, hoy se ha convertido en una acusación formal del gobierno más poderoso del mundo: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico internacional de drogas y protección institucional al Cártel de Sinaloa. La solicitud incluye detención provisional con fines de extradición, un hecho sin precedente tratándose de un mandatario estatal mexicano en funciones.
Conviene decirlo con todas sus letras: esto no estalla porque Washington haya descubierto ayer lo que ocurría en Sinaloa. Los señalamientos sobre la cercanía de Rocha Moya; del senador en funciones Enrique Inzunza; del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y de operadores financieros y policiacos con las facciones criminales venían acumulándose desde hace mucho tiempo en investigaciones periodísticas, expedientes de inteligencia y denuncias presentadas incluso ante instancias federales mexicanas.
Pero nada prosperó. ¿Por qué? Porque sobre todos ellos se extendió el manto protector del obradorismo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cualquier intento de tocar a un cuadro de Morena con sospechas de colusión criminal era inmediatamente neutralizado bajo la narrativa de la persecución conservadora, la soberanía nacional o la falta de pruebas contundentes. En realidad, lo que operó fue un blindaje político de impunidad.
La advertencia fue pública… y Sheinbaum no quiso escuchar
Nadie puede alegar sorpresa en Palacio Nacional. Hace apenas unos días, el embajador norteamericano, Ronald Johnson, lanzó una advertencia inusualmente dura: sin combate real a la corrupción, sin certeza jurídica y sin castigo a funcionarios coludidos con el crimen, no habrá confianza ni inversión estadounidense en México. Más aún, anticipó que pronto se verían acciones significativas contra personajes políticos vinculados con corruptelas y narcotráfico.
Washington habló primero en clave diplomática. Luego habló en tono de amenaza. Y finalmente habló con acusaciones penales. El gobierno de Claudia Sheinbaum no atendió ninguno de los tres niveles del mensaje. Apostó, quizá, a que se trataba de la habitual presión retórica en vísperas de la revisión del T-MEC. Error de cálculo monumental: la Casa Blanca de Donald Trump no está jugando a la diplomacia convencional, está jugando a la exhibición de fuerza.
El golpe no es contra Rocha: es contra el sistema morenista
Sería ingenuo reducir este episodio a la suerte personal de Rubén Rocha, quien al igual que el alcalde de Culiacán fue obligado a pedir licencia. Lo que Estados Unidos está diciendo es mucho más grave: que una estructura completa del poder público sinaloense habría funcionado como brazo político-administrativo del Cártel de Sinaloa; que campañas electorales fueron favorecidas por intimidación criminal; que policías, tesorerías, ayuntamientos y operadores legislativos sirvieron para garantizar impunidad al tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.
Es decir: Washington no acusa a individuos aislados. Acusa un modelo de captura del Estado. Y ese modelo tiene color partidista. Por eso la defensa cerrada de Morena no es jurídica, sino existencial. Si cae Rocha, no cae solamente un gobernador, cae el relato de que la cuarta transformación era moralmente distinta a los regímenes que prometió sepultar.
Sheinbaum, entre Trump y el fantasma de López Obrador
Claudia Sheinbaum enfrenta una pinza asfixiante. De un lado, Donald Trump y su base electoral exigen resultados espectaculares contra el narcopoder mexicano; del otro, el obradorismo duro le exige no entregar a uno de los suyos y resistir cualquier señal de subordinación ante Washington.
Pero la Presidenta ya no tiene margen para los discursos abstractos de soberanía. Porque esta crisis ocurre cuando México llega debilitado a la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, instrumento vital para la economía nacional. Un choque frontal con Estados Unidos no sólo tendría costo diplomático: tendría consecuencias comerciales, financieras y de inversión de enorme magnitud.
Se acabó el tiempo de la negación
México ha entrado en una zona de turbulencia inédita. La acusación contra Rubén Rocha Moya y su círculo no es un expediente más: es la certificación internacional de que el narco dejó de infiltrar al poder para comenzar a confundirse con él. Durante años, López Obrador prefirió cubrir con retórica moralista a personajes bajo sospecha antes que abrir una depuración auténtica. Hoy esa factura le explota a Claudia Sheinbaum en las manos.
La Presidenta puede seguir denunciando injerencia, pedir pruebas y envolverse en la bandera. Pero el reloj corre. Porque si Washington demuestra lo que afirma, Morena quedará moralmente devastada; y si no actúa aun frente a esa presión, México quedará políticamente sometido. Así de brutal es el dilema. Y así de cerca estamos de comprobar que el verdadero colapso no está en Sinaloa, sino en el corazón mismo del régimen morenista.
