La extinción del Inai marcó el fin de una era. En marzo pasado, tras 22 años de historia y más de 4 millones de solicitudes de información, el instituto dejó de existir. En su lugar nació Transparencia para el Pueblo (TPP), un órgano creado bajo la reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador e implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El nuevo esquema prometía menos burocracia y más eficiencia. Se anunció que TPP, junto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, garantizaría el acceso a la información con tecnología moderna, ahorros del 65% y una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fortalecida con un supuesto “validador criptográfico”. En palabras del gobierno, sería “una transparencia más cercana a la gente”.
Siete meses después, la realidad es otra.
SISTEMA CERRADO
Los resultados iniciales de Transparencia para el Pueblo no son alentadores. En julio de 2025, el nuevo órgano resolvió 456 recursos de revisión: en el 99.5% de los casos, los desechó. Un mes después, Artículo 19 y medios como Aristegui Noticias reportaron que el 99.6% de los recursos habían sido rechazados, la mayoría por “razones formales” o simples faltas de trámite.
Organizaciones como Mexiro y el colectivo Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI) alertan que el sistema se volvió una puerta cerrada. Según PIPAI, de 833 solicitudes, más del 35% tuvo respuestas incompletas o rotas, y sólo uno de cada 38 recursos prosperó.
Y es que el problema es estructural. Es el propio gobierno que ahora es “juez y parte”. Ya no existe un árbitro independiente como el Inai. Hoy las dependencias resuelven sus propios casos. Analistas advierten que esto deja al ciudadano en desventaja y obliga a judicializar cada solicitud vía amparo, un camino lento y costoso que pocos pueden recorrer.
PLATAFORMA QUE NO FUNCIONA
La Plataforma Nacional de Transparencia, que debía modernizarse, hoy enfrenta más quejas que mejoras. Usuarios denuncian lentitud, errores y búsquedas limitadas. Su presupuesto tecnológico cayó de 28 millones de pesos en 2024 a apenas 3 millones en 2025, un recorte que se nota.
Periodistas reportan enlaces rotos, formularios imposibles y respuestas evasivas. De acuerdo con el monitoreo de PIPAI, más de la mitad de sus integrantes enfrentó barreras burocráticas en el portal. La promesa de Sheinbaum de un sistema “ágil y ciudadano” se quedó en papel. Hoy, la transparencia retrocedió veinte años.
DERECHO A DESCONOCER
El acceso a la información es un derecho humano básico, pero lo están transformando en un privilegio. Para cumplir con los estándares internacionales, México necesita autonomía institucional, presupuesto suficiente y mecanismos accesibles. Sin eso, la transparencia es sólo una palabra bonita.
Y es que los expertos coinciden. Se requiere revertir los recortes, restaurar la independencia del órgano garante y reparar la PNT. De lo contrario, cada gobierno decidirá qué muestra y qué oculta.
Con el nuevo modelo se prometió una “transparencia para el pueblo”, pero terminó siendo la opacidad del poder. Mientras tanto, los periodistas que buscan rendición de cuentas, como los del colectivo PIPAI, chocan con un muro que antes eran puertas abiertas.
Si el gobierno realmente quiere honrar la palabra transparencia, deberá abrir los archivos, no cerrarlos. Pues sin información pública, no podemos hablar de un país democrático.
EL DATO INCÓMODO
El gobierno recortó 2 mil 68 millones de pesos al presupuesto para desastres naturales en 2025. El Fonden cayó a 16 mil 765 millones y el Fopreden a 79 millones. En conjunto, una reducción del 10.9%, y lo peor: no se ha ejercido ni un peso.
