Quince días de disculpas públicas. Una multa de más de 22 mil pesos. Esa fue la sanción que recibió el medio digital Acapulco Trends y su director, el periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano.
El motivo: supuestamente ejercer violencia política de género contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez. El caso recuerda el de Karla Estrella, ama de casa sancionada por un tuit crítico contra una diputada del PT, identificada en redes como DATO PROTEGIDO.
EL ORIGEN
Todo comenzó en junio pasado, cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció a Abelina López ante la fiscalía de Guerrero por negarse a justificar 898 millones de pesos gastados en 2023.
Ella respondió que se trata de una persecución política, a causa de sus aspiraciones futuras en Guerrero.
El caso llegó hasta la Suprema Corte, donde la edil interpuso controversias constitucionales. Los ministros Javier Laynez y Yasmín Esquivel otorgaron suspensiones mientras se resuelve el fondo del asunto: ¿puede una autoridad local fiscalizar recursos federales para municipios?
Pero en lo político, el mensaje es evidente: Abelina se resiste a rendir cuentas.
EL CASTIGO
En medio de ese proceso, Acapulco Trends publicó una investigación que vinculaba el presunto desvío millonario con el mal manejo de recursos tras el paso del huracán Otis.
La alcaldesa reaccionó con una denuncia ante el Tribunal Electoral de Guerrero, alegando que el contenido de la nota y su difusión en redes constituían violencia política de género.
Es decir: de nuevo, una figura de poder usó una ley diseñada para proteger derechos políticos de las mujeres… para censurar a la prensa.
Entonces llegó el castigo: publicar disculpas públicas durante 15 días consecutivos y difundir la sentencia en sus redes sociales. Además, pagar una multa, tomar cursos sobre lenguaje incluyente y perspectiva de género, y leer bibliografía especializada.
LABORATORIOS DEL AUTORITARISMO
El caso recuerda lo ocurrido con Karla Estrella, sancionada por críticas en redes en contra de DATO PROTEGIDO, diputada del PT. La sanción incluyó disculpa pública por 30 días, capacitación en temas de género y multa.
También fue inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta enero de 2027.
Pero no es un hecho aislado: una jueza, tras una denuncia de Layda Sansores, prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna referirse a la gobernadora de Campeche. Incluso les asignó censores judiciales para verificar sus publicaciones.
En Puebla entró en vigor la ley censura, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, que tipifica el ciberasedio. Gerardo Fernández Noroña hizo que el abogado Carlos Velázquez se disculpara públicamente en el Senado tras una discusión en el AICM.
Mientras que el Instituto Electoral de Tamaulipas exigió al periodista Héctor de Mauleón retirar una columna sobre supuestos nexos huachicoleros de la presidenta electa del Tribunal Superior local.
CENSURA EN CÁMARA LENTA
Cada caso tiene matices. Pero el patrón resulta evidente: figuras públicas usando el aparato judicial y electoral para castigar la crítica. La línea entre protección y censura se está borrando.
Así se construye el autoritarismo: abusando de leyes nobles para callar a los incómodos. Paso a paso, caso por caso. Hasta que sea normal tener miedo de ejercer nuestra libertad de expresión.
EL DATO INCÓMODO
Inegi reveló que 63 de cada 100 mexicanos se siente inseguro. Es la cifra más alta desde junio de 2022, según Animal Político. Culiacán encabeza la lista: 90.8% de sus habitantes lo perciben así, en medio del reacomodo del Cártel de Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada. Le siguen Ecatepec y Uruapan.
