El 31 de marzo, la Marina anunció un golpe histórico contra el contrabando de combustible. Decomisaron 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico. El gobierno lo presentó como una victoria. Uniformes. Contenedores. Aplausos. Una postal del combate a la corrupción.
Pero en menos de un mes, el aplauso se transformó en sospecha. Y el operativo se convirtió en evidencia de una red de complicidades dentro del mismo sistema portuario nacional.
SOCIOS DEL HUACHICOL
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación, firmada por Iván Alamillo y Verónica Ayala, que exhibe a Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración de la Asipona de Tampico, como socio de los dueños de Intanza, la empresa que importó el combustible decomisado. Es decir: Martínez está directamente vinculado con los dueños de la empresa que traficó el diésel.
Martínez no es un funcionario cualquiera. Mientras dirigía las finanzas del puerto, ocultó en su declaración patrimonial su relación empresarial con los dueños de Intanza. Y acumuló una flota de autos clásicos, camionetas de lujo y Harley-Davidson. Todo esto con un sueldo de poco más de 51 mil pesos mensuales.
Mientras la Marina posaba para la foto, su funcionario hacía negocios con los contrabandistas. Así de crudo.
MARINA BAJO FUEGO
Cuando López Obrador entregó los puertos a la Marina en 2020, dijo que era para acabar con la corrupción. Entonces los militares desplazaron a los civiles. Se prometió orden. Se habló de honor.
Pero el caso Intanza desmantela ese discurso. El huachicol sigue fluyendo. Y ahora no solo entra por los puertos: entra con aval institucional. Y lo peor: los funcionarios involucrados siguen en su cargo. Nadie ha sido removido. Y nadie ha dado la cara.
Incluso, hay fotos del almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, jefe de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Tampico, junto a Martínez después del escándalo. El silencio es compartido. Y el encubrimiento, también.
LITROS DESAPARECIDOS
El golpe histórico tiene otra mancha: no fueron 10 millones de litros. Otra investigación de MCCI muestra que, según documentos judiciales, Intanza reclamó más de 20 millones. La mitad se esfumó. Literal.
La empresa presentó amparos, facturas y pedimentos que prueban que lo incautado era el doble de lo reportado. Si eso se confirma, no solo se decomisó huachicol. También se robaron el decomiso.
¿Quién se quedó con lo que falta? Nadie sabe. Nadie responde. La cadena de custodia es un laberinto sin puertas. La justicia, un eco lejano.
SILENCIO PRESIDENCIAL
La presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de modernizar puertos, reforzar aduanas y combatir la corrupción. Pero no ha dicho una sola palabra sobre Intanza. Nada sobre Tampico. Nada sobre los funcionarios involucrados. Su silencio ya no es prudencia: es omisión.
No se puede pedir confianza y guardar silencio cuando la corrupción opera desde dentro del uniforme. Porque esto no es una falla menor. Es una contradicción de fondo.
Cuando el combate a la corrupción se convierte en discurso, pero no en castigo, el uniforme se mancha. Y el silencio lo confirma.
Tampico no es una excepción. Es una ventana a lo que pasa cuando el poder no tiene contrapesos. La Marina controló los puertos para limpiar la casa. Pero hoy, esa casa huele a encubrimiento.
Y si nadie cae por esto, entonces no hubo golpe histórico. Solo un montaje para la prensa. Una operación con uniforme, fotos y huachicol desaparecido.
La diferencia entre un operativo y una farsa no está en lo que se asegura. Está en lo que se investiga. Está en si alguien rinde cuentas. Y hoy, nadie ha caído. Ni parece que quieran que caiga.
