La gestión de María Elena Álvarez-Buylla vuelve al centro del debate, pero no por los supuestos logros de la “ciencia del pueblo”, sino por una denuncia penal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la FGR una acusación por presuntos desvíos de 57 millones de pesos durante su administración al frente del Conacyt (ahora Conahcyt). Es el primer caso en décadas en que la Auditoría acusa a una exdirectora del organismo.
La denuncia, revelada por Arturo Ángel en Milenio, apunta a irregularidades en el proceso de extinción de fideicomisos científicos en 2021. En su defensa, Álvarez-Buylla aseguró que “el proceso fue exitoso y apegado a la normativa”, aunque admitió que hubo renuncias internas por las inconsistencias detectadas. La acusación exhibe el fin de un ciclo: el de una funcionaria que prometió una nueva era de la ciencia mexicana bajo la llamada “ciencia del pueblo”, pero que dejó tras de sí una estela de promesas rotas, recortes y escándalos.
FIDEICOMISOS PERDIDOS
La extinción de 91 fideicomisos en 2020 fue el primer golpe a la comunidad científica. En total, se recuperaron más de 25 mil millones de pesos, que (según la propia Álvarez-Buylla) se destinaron parcialmente a “proyectos prioritarios” del gobierno federal: el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas. Se presentó como una “limpieza” financiera, pero terminó afectando proyectos de investigación, becas y equipamiento en centros de investigación.
Y las protestas no se hicieron esperar. Investigadores denunciaron que los fondos fueron absorbidos sin transparencia y que los recursos de la ciencia se usaron para cubrir prioridades del expresidente López Obrador. Resulta paradójico: un gobierno que presumía moralizar el gasto público, terminó sacrificando la innovación con el afán de supuestamente combatir el derroche.
GUERRA CONTRA LOS CIENTÍFICOS
En 2021, el Conacyt presentó una querella penal contra 31 investigadores, acusándolos de crimen organizado y lavado de dinero. Todos fueron absueltos dos años después por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Fue una “cacería de brujas” que dividió a la academia, afectó la confianza en la comunidad científica y ahuyentó colaboraciones internacionales.
CIENCIA… ¿DEL PUEBLO?
Los proyectos emblemáticos tampoco resistieron la prueba. La vacuna Patria, anunciada en 2021 como símbolo de soberanía científica, consumió más de 450 millones de pesos y nunca llegó al público. Los respiradores Ehécatl y Gätsi, presentados como “tecnología mexicana”, costaron el doble de lo previsto y se entregaron tarde. Parte del lote fue donado a Cuba, sin registro oficial.
Mientras tanto, la inversión en ciencia cayó a 0.16% del PIB en 2025, su nivel más bajo en una década, según México Evalúa. El presupuesto se concentró en gasto corriente (como la nómina), y el crecimiento de publicaciones científicas se redujo a la mitad.
EL LEGADO
La denuncia de la ASF corona una administración marcada por la confrontación, la improvisación y la politización de la ciencia. La funcionaria que acusó a otros de corrupción hoy enfrenta su propio expediente penal.
Álvarez-Buylla “transformó” el Conacyt, sí, pero no en un consejo de innovación, sino en un organismo de obediencia política. Su legado no es una ciencia más justa, sino una comunidad fracturada y un país menos preparado para los nuevos retos del mañana.
EL DATO INCÓMODO
Universidades públicas advierten que el financiamiento del Presupuesto de Egresos caerá en 2026. Apenas un aumento simbólico del 0.1%, insuficiente ante inflación y matrícula creciente. Se prometió gratuidad universitaria desde hace años, pero el bolsillo dice otra cosa.
