DR. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ
Me refiero a los cambios aprobados por el Consejo Universitario, al Estatuto General de la UNAM y otras normas de su legislación interna para combatir la falta de integridad académica. La intención puede ser buena pero creo que no se analizaron suficientemente los efectos secundarios negativos que pueden derivar de estas reformas surgidas al calor de una reacción coyuntural, derivada del involucramiento de nuestra Universidad en una disputa externa de carácter político y no de una problemática realmente percibida por los universitarios. Sinceramente pienso que se hubiera empleado mejor el tiempo de ese Consejo aprobando normas más eficaces para luchar contra la violencia de género, que esa sí es una demanda claramente expresada por un gran sector de nuestra comunidad.
Es significativo que a partir de la imputación no comprobada de una presunta reproducción indebida de una tesis profesional, difundida en medios con la evidente intención política de dañar el prestigio de una aspirante a presidir la Suprema Corte justo en vísperas de la elección; se haya desatado una frenética y desproporcionada reacción en nuestra Universidad pese a que la imputación original ha sido desvirtuada con pruebas sólidas de las cuales los propios medios no se han hecho eco.
La única verdad jurídicamente comprobada es que una maestra, nótese, una maestra entregó indebidamente un trabajo de tesis de una alumna, a un alumno ¡hace 37 años!, y que ya fue sancionada por ese motivo. ¿Está acaso la UNAM plagada de profesores que incurren constantemente en prácticas irregulares de ese tipo y por eso se requieren medidas inusitadas como la posibilidad de anular títulos a cuyo amparo ejercen su profesión cientos de miles de egresados? Evidentemente no. Empero, la acelerada reforma deja la injustificada impresión de que existe una ola de deshonestidad académica que requiere acciones correctivas tan contundentes como la amenaza de desconocer la validez de los títulos que la propia Universidad emite. Un observador externo supondría que la falta de ética está corrompiendo a la comunidad universitaria. Si eso fuera verdad —que no lo es— se entenderían la urgencia, severidad y profusa publicidad de las medidas aprobadas. Creo que estamos mandando el equivocado mensaje de que nos invade de tal modo la falta de integridad académica, que diseñamos un descomunal arsenal para combatirla.
Los títulos y grados de la UNAM son internacionalmente reconocidos. Se les acepta para el ingreso a posgrado en universidades de fama mundial a las que habría que explicarles que los grados que emitan a sus egresados provenientes de nuestra Casa de Estudios, podrían perder su valor, si el título que les sirvió de base fuese anulado por la propia UNAM y que dicha nulidad —como ahora dice el Estatuto General— “extenderá sus efectos a las consecuencias derivadas del acto anulado, sin necesidad de hacer declaración específica de los mismos.” Ello supondría dar un alcance extraterritorial a la norma interna. Por eso conviene reflexionar muy bien antes de expedir reglas que no se orientan a la satisfacción de una necesidad real y cuya trascendencia negativa puede acarrear desdoro a nuestra UNAM en lugar de prestigiarla.
Una persona me argumentó que si los egresados no hacen nada malo, no tienen por qué temer. Y qué tal si, no habiéndolo hecho, fueran acusados injusta e interesadamente de una conducta antitética que ni siquiera tendría que ser antijurídica: toda su práctica profesional correría el riesgo de venirse abajo. Lo más grave es que los efectos extensivos ya señalados ponen en peligro múltiples relaciones sociales. Veamos: si los títulos emitidos por la UNAM pueden ser anulados “en todo momento”, como lo dice la reforma, y esa nulidad se pretende que sea absoluta —lo cual implicaría que el título, nunca habría existido—, y sin necesidad de ninguna declaración adicional se extiende la nulidad a todos los efectos que se hayan producido bajo la vigencia del referido título; tales disposiciones ponen en riesgo a toda la sociedad, ya que nadie podría estar seguro de la validez de los servicios profesionales que recibe de una persona titulada en la UNAM.
Imaginemos un notario que habiendo obtenido su patente mediante un examen, actúa en nombre del Estado para dar fe pública de muchos actos jurídicos, se viera envuelto en un problema de carácter ético, y que con ese motivo la Universidad le anulara el título. ¿Qué pasaría con todas las escrituras emitidas por él para dar constancia de transferencias de propiedad? Si partimos de que su título fue objeto de nulidad absoluta, jamás hubiera sido abogado y no hubiera podido ser notario. Por eso, la nulidad absoluta que se pretende aplicar y extender sus efectos “a las consecuencias derivadas del acto anulado, sin necesidad de hacer declaración específica de los mismos” es altamente peligrosa desde el punto de vista social porque mina la confianza en el servicio que ofrecen los profesionales cuyo ejercicio se basa en un título emitido por la UNAM.
@DEduardoAndrade
