Estudios sociológicos, demográficos y políticos estiman que una generación abarca de 25 a 30 años. Desde la década de los 40 han transitado tres descendencias, es decir 85 años, lo que se traduce en abuelos, hijos y nietos.

Sobreviven entonces los baby boomers (1946-1964), la generación X (1965-1980), millennials (1981-1996), generación Z (1997-2012) y alfa (2013-2025), lo cual nos sirve para entender el comportamiento de los grupos criminales en el tiempo.

Los iniciadores contemporáneos de la delincuencia organizada en México fueron, en su mayoría, sujetos de niveles socioeconómicos bajos, que practicaban estas conductas por supervivencia y abarcaron las décadas de los 40 hasta la segunda mitad de los 60.

Sus hijos pudieron apenas escalar a una clase media local, con injerencias criminales municipales y estatales. Ellos se desarrollaron en el periodo de los 70 y hasta la primera mitad de los 90.

Los nietos alcanzaron una clase alta, crecieron en un ambiente socioeconómico de privilegios, con el suficiente recurso para diversificar sus operaciones e invertir en negocios lícitos. Se hicieron empresarios con relaciones suficientes para trascender las fronteras. Han operado desde el inicio del milenio hasta nuestros días. Son los Chapitos, Mayitos, el Menchito y todos aquellos que vienen de la “casta criminal“.

Origen es destino. Lawrence Harrison, politólogo contemporáneo, ha señalado que “la cultura y el origen social determinan de manera profunda el desarrollo individual y colectivo”.

Los cambios generacionales, si bien se adaptan a los procesos sociales y culturales, mantienen y permanecen sus principales características de origen.

¿Por qué es importante esto que escribo? Porque no nos debe sorprender que las generaciones Z y alfa establezcan negocios “legales” basados en la cultura de la trampa y la corrupción, normalizando la violencia como fuente para dirimir controversias.

Esto explica casos que salen a la luz pública de colusiones entre la política, la sociedad civil, el empresariado y el delito organizado. Redes de empresas fantasma que desvían millones de dólares, contrabando de combustible y lavado de dinero a través de empresas fachada, así como esquemas de blanqueo en casinos, son solo algunos ejemplos de un poder nacional social roto.

Dueños de certámenes de belleza, de equipos de futbol, de cadenas deportivas y de entretenimiento es el cierre de esta nefasta delincuencia dorada que se ha ido gestando desde hace 80 años y que hoy sale a la luz pública.

¿Qué hacer? Lo que nunca se hizo en ocho décadas. Ahí está el reto.

Combatir 80 años de generación de una cultura de ilegalidad es complejo. Tendríamos que procesar a tres generaciones de mexicanos.

¿Cuántos hay relacionados indirectamente en estas conductas ilegales?

Conocemos una mínima parte de esa casta criminal: son millones de personas que se benefician de estos negocios y hay centenas de municipios que viven del delito y para el delito, de tal forma que desmantelar sus redes significaría “bajar la cortina financiera municipal”.

La Universidad de Chicago y el Complexity Science Hub señalan que los beneficiarios indirectos del delito organizado están conformados por proveedores de servicios, colaboradores corruptos, receptores y usuarios de su economía gris (lavado), comunidades dependientes, así como familiares de los casi 200 mil criminales organizados. Hablamos de 7 millones de mexicanos que se sirven de estas conductas.

No es un fenómeno nuevo ni de fácil abordaje. Llevará el mismo número de generaciones enderezar al país en las condiciones que se está descomponiendo y, para ello, es urgente crear una política pública de cultura de legalidad suficientemente robusta e integral que trascienda a los gobiernos y a los tiempos.

De otra forma, sigamos simulando, conteniendo el acoso del crimen hasta que terminemos por ser gobernados por ellos.