Diputados locales de Morena demandaron a las personas titulares del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) que mantengan y refuercen las acciones de inspección y vigilancia en los locales comerciales ubicados en las inmediaciones del Mercado Sonora, con el objeto de verificar que no se realice la venta de animales sin la autorización correspondiente, ni en contravención a la ley y resoluciones judiciales existentes.
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Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinarse con las autoridades correspondientes para inspeccionar y vigilar las inmediaciones del mercado y, en caso de detectar violaciones al Código Penal Federal, iniciar la carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal y asegurar a los animales para su protección y bienestar.
Durante la última sesión de la Comisión Permanente, en vísperas del inicio del periodo ordinario, la diputada Yolanda García Ortega advirtió que el Congreso no puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslada a la calle y no puede permitir que una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario.
Precisó que la sentencia que establece que la venta de animales en mercados públicos es ilegal, contraria a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, tiene que ser acatada, ante las denuncias de que esta práctica se ha trasladado a las calles aledañas y a las redes sociales.
Explicó que el comercio ilegal de animales se ha reconfigurado, y ahora la venta ocurre en calles, banquetas, accesos y vía pública, mediante entregas clandestinas, acuerdos por mensajería y puntos improvisados, por lo que las autoridades deben mantener cero tolerancia a la venta ilegal dentro y fuera del Mercado Sonora, al subrayar que proteger a los animales no es una concesión, sino una obligación constitucional.
Los legisladores del PVEM precisaron que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, entre ellas, la protección de la vida silvestre.
Asimismo, señalaron que corresponde a las alcaldías vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las disposiciones en materia de mercados públicos.
Además, subrayaron que se consideran actos de maltrato y crueldad animal todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o afectar su bienestar, por lo que resulta indispensable la verificación permanente.
Advirtieron que el cese formal de la venta de animales dentro del Mercado Sonora no eliminó la demanda ni las redes de suministro que históricamente han operado alrededor de este comercio. Por el contrario, cuando una actividad se restringe en un espacio “controlado”, suele desplazarse a zonas de menor vigilancia, como calles aledañas, accesos, banquetas y puntos de entrega en vía pública.
Señalaron que la prohibición opera como un corte visible dentro del mercado, pero la transacción se reconfigura hacia el exterior, manteniendo la dinámica comercial bajo modalidades clandestinas y más difíciles de detectar.
Finalmente, denuncias ciudadanas indican que ahora los tratos se realizan por teléfono o WhatsApp, con entregas fuera del propio Mercado Sonora, situación que debe ser revisada y atendida por las autoridades.
