Demandan María Elena Ríos desde el Congreso local justicia para mujeres atacadas con ácido

31, enero 2023

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La saxofonista María Elena Ríos demandó, desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, atender de manera integral a las víctimas de la llamada violencia ácida, pues las autoridades judiciales de todo el país las revictimizan y la mayoría de los casos no avanza.

En el marco de la presentación de una iniciativa para modificar la de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y el Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de reconocer y sancionar las lesiones provocadas por ataques con ácido y sustancias químicas, demandó dejar los egos partidistas a un lado para apoya verdaderamente a las víctimas.

Y es que la presentación de esta iniciativa de ley suscitó un enfrentamiento entre dos grupos de activistas, pues un grupo de mujeres dirigidas por la secretaria de Desarrollo Social de la alcaldía Migue Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, generó un intercambio de acusaciones y rechazó esta iniciativa impulsada de Morena.

Sin embargo, la propia María Elena Ríos acusó que Ana Elena Saldaña le dijo claramente que no apoyaría la iniciativa porque ella está con Alessandra Rojo de la Vega, por lo que lamentó que no se haya podido trabajar de manera conjunta.

Entre gritos y protestas y en un pleno semivacío, finalmente fueron tres las activistas que utilizaron la tribuna para exponer sus casos y subrayar que en todos los casos la justicia sigue siendo inexistente.

Durante su intervención, María Elena Ríos subrayó la importancia de que los legisladores le abran las puertas a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, porque en Oaxaca jamás se le ha permitido hablar en el Congreso y su agresor sigue siendo protegido.

Asimismo, enfatizó que además hay un trato discriminatorio para las mujeres atacadas, pues la gran mayoría de las atacadas son morenas y muchas de ellas indígenas, y además solicitó incluir en la iniciativa a las mujeres trans, que también son invisibilizadas.

La iniciativa, que fue calificada por las legisladoras morenistas como Ley Malena, establece que a quien cause a otra persona, daño en la integridad física o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia química, corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo álcalis, ácidos, irritantes, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoque lesiones ya sea internas, externas o ambas al entrar en contacto con el tejido humano, se impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de trecientas a setecientas unidades de medida y actualización.

Serán agravantes de la pena los casos en que se cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en un tercio la pena.

Cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, o cause alteración en las funciones de reproducción sexual, la pena se aumentará hasta la mitad.

Se considera lesiones por ataques con ácido o similares cometidos contra la mujer en razón de su género, cuando se cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en un tercio la pena.

Si previo a la lesión infringida existan antecedentes de violencia contra las mujeres o delitos de género, se hayan cometido amenazas, acoso o cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, docente o cualquier otro acto de agresión ejercido por parte del sujeto activo contra la mujer.

Se considerará tentativa de feminicidio, cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total de los órganos genitales femeninos, mamas, alteración en las funciones de reproducción sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno o externo, provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, y se impondrá de 12 a 30 años de prisión.