Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones civiles demandaron al Ejecutivo federal y al Senado de la República para que el proceso de designación de la nueva persona titular se conduzca bajo los más estrictos estándares de probidad, legalidad, máxima publicidad y participación ciudadana.
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México Unido Contra la Delincuencia advirtió que el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro, el Senado debe integrar una lista de al menos diez candidaturas para enviarla al Ejecutivo, quien formulará una terna para la votación final en la Cámara Alta. “Este mecanismo no debe ser un mero trámite burocrático, sino un filtro riguroso para asegurar la idoneidad del cargo”, dijo.
Consideró que la designación de la próxima persona Fiscal General no debe servir a pactos de impunidad ni a intereses económicos o de grupo, sino a la ciudadanía.
Apuntó que se debe priorizar la capacidad técnica, la experiencia en litigio penal y derechos humanos, y la independencia política probada. Además, la nueva persona titular debe comprometerse públicamente con la localización inmediata de personas desaparecidas y el esclarecimiento de la verdad.
Sin embargo, ante la especulación de posibles sucesores, expresamos nuestra profunda preocupación por la mención de perfiles cuya trayectoria sugiere una subordinación política o partidista. La autonomía de la FGR es la piedra angular para combatir la corrupción y la impunidad; la verdadera justicia nunca llegará si esta no se respeta.
Aseguró la gestión de Alejandro Gertz Manero se caracterizó por una alarmante indiferencia hacia las víctimas, altos índices de impunidad y un uso patrimonialista y faccioso del aparato de justicia, utilizado frecuentemente para dirimir conflictos personales o políticos en lugar de perseguir delitos de alto impacto.
Insistió en que, en un país atravesado por una crisis humanitaria con más de 130 mil personas desaparecidas, es inadmisible que la FGR continúe siendo una institución de puertas cerradas. “A diferencia de la administración saliente, quien asuma la titularidad debe poseer no solo las credenciales técnicas y jurídicas más altas, sino una calidad moral incuestionable y una sensibilidad genuina ante el dolor de las familias víctimas de la violencia”, precisó.
El organismo detalló que es necesario que la FGR cumpla con su responsabilidad histórica y el proceso de selección debe ser público, con comparecencias que permitan el escrutinio social de los aspirantes.
