PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Organizaciones de la sociedad civil libran una batalla para que sea sancionada la conducta de funcionarios públicos que revictimizan a víctimas de feminicidio a través de redes sociales, como sucedió en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue asesinada en 2017 en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Y es que la familia de Lesvy, representada por las organizaciones Justicia Pro Persona AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) emprendieron una batalla legal para que sea sancionada esta conducta estigmatizante.

La demanda contra la entonces coordinadora de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se presentó con motivo de la emisión de una serie de tuits oficiales con contenido estigmatizante y discriminatorio publicados el 4 de mayo de 2017 en contra de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, un día después de haber sido víctima de feminicidio, el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM.

El 25 de agosto de 2017, Araceli Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón, madre y padre de Lesvy Berlín denunciaron ante la Fiscalía de Servidores Públicos la divulgación de los tuits, la filtración de información, así como una serie de actos y omisiones en las que incurrieron diversos servidores públicos intervinientes en la investigación, que obstaculizaron el derecho al acceso a la justicia y la verdad de las víctimas.

Derivado de esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación en la que estableció que a través de la cuenta institucional de Twitter, personal del área de Comunicación Social de la PGJCDMX publicó información que culpabilizaba a Lesvy Berlín de lo ocurrido, por su conducta, vida privada y condición social. Esto propició que los medios de comunicación reprodujeran una imagen estereotipada y criminalizante de Lesvy Berlín, responsabilizándola de su muerte. La CDHCM solicitó a la PGJCDMX que eliminara los tuits y que iniciara una investigación administrativa y penal en contra de las y los servidores públicos responsables de tales actos, sin embargo, la Procuraduría local se negó a realizar las investigaciones e imponer sanciones.

Pocos responsable sancionados

Con base en datos del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, así como los datos oficiales de servidores públicos sancionados del Gobierno de México, de 2013 a la actualidad se han sancionado a mil 224 servidores públicos, en su mayoría por negligencia administrativa; sin embargo, solo en el caso de un policía federal, fue inhabilitado por violación a derechos humanos, lo cual da cuenta de la impunidad generalizada  ante este tipo de violaciones en el país, a pesar de que la violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia y sus familias en sus procesos de búsqueda de justicia, es una realidad generalizada.

Hasta la fecha, la recomendación de la CDHCM no ha sido cumplida en su cabalidad. Entre las recomendaciones relacionadas con la responsabilidad de servidores públicos se encuentran: la creación de un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres; así como un prontuario normativo dirigido al personal ministerial y del área de comunicación social de la ahora Fiscalía, respecto al adecuado manejo y protección de la información relativa a los casos en los que se investigue la muerte de una mujer y las sanciones previstas en caso de incumplir dicha normatividad

Cinco años después de que la familia presentara la denuncia contra servidores públicos se da un paso para el acceso a la justicia con motivo de las violaciones a los derechos humanos a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria, así como el derecho a la intimidad y a la vida privada en perjuicio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.