Ricardo Monreal

Uno de los elementos que está marcando el proceso electoral estadounidense de 2024 es, sin duda, el migratorio. Algunos gobiernos republicanos, a nivel local, han venido impulsando diferentes leyes antiinmigrantes en sus estados.

Entre algunas de estas disposiciones se encuentran la ley SB4 de Texas, promulgada por el gobernador Greg Abbot a finales de 2023. Si bien se encuentra suspendida por una Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, esta legislación otorga amplios poderes a las agencias de seguridad del estado para solicitar documentos migratorios a personas sospechosas de ser inmigrantes, entre otras cuestiones. El Gobierno de México presentó, en marzo pasado, un escrito ante la referida instancia de apelaciones, como amigo de la Corte (amicus curiae), en el marco del juicio que se lleva a cabo contra la normativa.

Por otro lado, en Florida, la ley SB1718 prohíbe transportar personas indocumentadas desde fuera del estado hacia su interior, pues supone un delito que se castiga hasta con 15 años de prisión. En Iowa, la ley SF2340 otorga autoridad a la Policía para detener a personas indocumentadas previamente deportadas desde la Unión Americana o a las que se les hubiera negado anteriormente su ingreso al país; se prevé que esta disposición entre en vigor el 1 de julio de 2024. En Tennessee, la ley HB2124 exige que las fuerzas del orden locales compartan información con funcionarios federales de inmigración, además de reportar y cooperar con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (OCIA) para identificar, capturar y detener a personas indocumentadas.

A las anteriores legislaciones se suman otras dos de reciente aprobación; a saber: la ley HB4156, en el estado de Oklahoma y la ley HB 1105, en Georgia.

La primera fue avalada en abril pasado y crea un delito denominado “ocupación inadmisible”, que se comete cuando una persona ingresa sin permiso y de manera intencional a la Unión Americana, además de permanecer en Oklahoma sin contar con la autorización migratoria correspondiente.

La Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma podrá recabar y conservar datos de las personas detenidas y procesadas, para cruzarlos con bases de datos estatales o federales. También incorpora una cláusula preventiva que prohíbe a cualquier municipalidad de ese estado declararse “ciudad santuario”. Se prevé que la ley entre en vigor el 1 de julio de 2024.

La segunda legislación fue firmada por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el 1 de mayo pasado, y exige que las agencias policiales de ese estado notifiquen a las autoridades federales cuando se arreste a personas inmigrantes indocumentadas; dispone que las autoridades carcelarias estatales retengan a cualquier persona de la que se sospeche que se encuentra en el país en forma irregular y que la entreguen a la OCIA. Contempla además 30 nuevos cargos que requieren fianza en efectivo, incluidos 18 delitos menores.

El Gobierno de México afirmó que esa legislación busca intensificar la cooperación entre autoridades locales y federales en asuntos migratorios en el estado, lo cual podría traer graves consecuencias, que incluyen separación de familias, prácticas discriminatorias y perfilamiento racial, así como la potencial disminución de las denuncias en las agencias de orden público, por temor a repercusiones migratorias.

En Georgia, la comunidad hispana —dentro de la cual se encuentra la mexicana— juega un papel muy importante, porque tiene presencia en sectores como el agrícola, silvicultor, de construcción y servicios. El comercio total entre nuestro país y ese estado alcanzó los 18.6 mil millones de dólares en 2023 y generó 150 mil empleos.

Leyes como todas las mencionadas criminalizan la migración y son atentatorias de los derechos humanos. El Gobierno federal reafirmó su compromiso de proteger y defender a las y los mexicanos en el exterior, así como brindarles toda la asistencia consular necesaria. En ello, sin duda, cuenta con todo nuestro apoyo, tanto político como jurídico y humano.

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