AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El gobierno de México, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, exhibió que Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad, y funcionaria contratada por la ministra Norma Piña, en el Consejo de la Judicatura Federal, firmó contratos irregulares por un total de 71 millones 600 mil dólares.

“Estos actos están vinculados a un acto de corrupción, estas personas están involucradas porque son quienes personalmente firmaron los contratos y autorizaron las erogaciones”, dijo Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia matutina de este lunes que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gómez Álvarez aseveró que estos acuerdos se gestaron durante el periodo de la administración del expresidente Felipe Calderón, es decir, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

Lo anterior, luego de que el presidente López Obrador el viernes pasado, se lanzó en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al exhibir la contratación de quien fuera colaboradora de García Luna.

“Ayer vinieron, me entregaron de parte de Atención Ciudadana unos papeles de aquí de mis vecinos, los de la Corte. Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era Directora de Recursos Materiales cuando García Luna”, dijo.

De acuerdo con la información proporcionada y citada por el Gobierno, Sonia Vargas se desempeñó como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva.

Pablo Gómez aseveró que todos los contratos fueron hechos en dólares, que “ninguno cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigaciones de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”.

Señaló también en esta trama, denunciada en el estado de Florida para tratar de recuperar el dinero, a Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva con 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas, comisionado General de la Policía Federal, con 25 millones 875 mil dólares.

También Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico, 37 mil 875 millones de dólares; Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, por dos millones 500 mil dólares, al igual que Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional.

Roberto Cardoso, como director general de Recursos Materiales firmó un contrato por 12 millones de dólares; Eduardo Enrique Gómez García, director del organismo de prisiones firmó un contrato de 56 millones 121 mil 595 de dólares.

“Cada una de las cantidades es atribuible a cada una de las personas que firmaron el contrato aun cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato, porque cada una es responsable de la misma cantidad, por lo tanto no se tiene un total”, indicó el titular de la UIF, por lo que toca al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En cuanto al periodo de Enrique Peña Nieto, indicó que del periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, se tienen registrados al director general del CISEN, a Eduardo Imáz Gispert, por 253 millones 051 mil 358 dólares.

Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social por 88 millones de dólares; José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado de Prevención y Readaptación Social con 26 millones 850 mil dólares; en la Procuraduría de la Ciudad de México a Octavio Medina Estrada, como oficial mayor con 26 millones de dólares, junto con Raúl Mata Soria como director general de Programación Presupuestal; María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales; Enrique Salinas Romero, director general de Política y Estadística Criminal.

Pablo Gómez señaló que todas las erogaciones se hicieron a un solo consorcio de empresas dirigido por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Limban, “quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, principalmente los primeros”.

Indicó que los contratos fueron para adquirir sistemas de rastreo, localización, localización de redes celulares, sistemas como uno instalado en Ciudad Juárez, “todos de la empresa Numbart y otras empresas del mismo consorcio, (adquiridos) tanto en el sexenio de Calderón como de Peña Nieto”.

En este sentido, sostuvo que “se habla de un gigantesco mecanismo de ‘sacción’ de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor”.

Por lo anterior, sostuvo que el gobierno mexicano ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, donde se encuentra gran cantidad de bienes y dinero, y que a través de un juicio civil se está solicitando el restablecimiento de todos los recursos a México.

Informó que el juicio fue admitido y se llevará a cabo por parte de una corte de Florida, aunque se detuvo por una apelación de la defensa de los demandados, que espera se resuelva próximamente y que no haya problema, toda vez que los demandados sostienen que el Tribunal no tiene competencia.

“Pero ley local y federal indican que sí se tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes producto de actividades ilícitas, llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el estado de Florida”, aseveró Gómez Álvarez.