Después de 25 años de violencia, con miles de muertos, desaparecidos y desplazados; de cuatro sexenios caracterizados por funcionarios ineficientes y corruptos, en un contexto de un país con instituciones rotas y políticas de seguridad fallidas, se suma una crisis adicional: la extorsión que hemos venido actualizando cada lunes, representada por el juego de sanciones arancelarias que impone y quita el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, dentro de la incertidumbre y la crisis recurrentes que nos han querido comunicar a los mexicanos como destrezas de negociación y buenas noticias, no nos hemos dado cuenta de que se pueden vislumbrar algunos avances cuantitativos en materia de seguridad jamás vistos.
Despliegue de Guardia Nacional, que en coordinación con las agencias migratorias norteamericanas ha generado una disminución importante del flujo migratorio al vecino país; la extradición inmediata de 29 líderes criminales, todos pertenecientes a grupos o cárteles de delincuencia transnacional organizada; se dice que la mayor cantidad de armas incautadas en la historia de ambos países. No olvidemos la diaria neutralización de objetivos prioritarios o generadores de violencia que se reportan, que por lo menos teníamos un sexenio sin información alguna de su existencia y, dígase de paso, una disminución de hasta 50% del mortal tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.
Las cifras se cierran con un tímido y mediocre aseguramiento de un grupo político “ajeno al que gobierna”, señalado de algunos cargos de corrupción y cuyo líder principal permanece prófugo, aprehensiones que de ninguna manera llenaron el apetito del voraz presidente norteamericano. Sabemos que espera algo adicional y vigente en materia de narcopolítica.
Los resultados en seguridad que hemos mencionado jamás se hubieran obtenido en sexenio ni partido alguno, mucho menos por iniciativa nacional, sino que debieron venir producto de un hartazgo internacional, específicamente del gobierno norteamericano, quien siendo corresponsable y generador de este fenómeno socioeconómico “se le ha ido de las manos el control del libre mercado de las drogas con sus respectivos comercializadores”, hoy representados por una cuarta generación de verdaderos delincuentes organizados, no solo en ambos países sino en los cinco continentes, y que no están dispuestos a ceder el negocio.
Independientemente del impacto que tengan en ambos países las sanciones económicas que se materialicen, es importante que el gabinete de seguridad en México no baje la guardia, aproveche esta crisis, abra sus fuentes y coordine las acciones necesarias para seguir desmantelando las estructuras delictivas de los dos grupos criminales más robustos y dañinos; que la información que arrojen los hoy 29 procesados sirva para romper las cadenas de mando delictivas, la identificación plena del flujo de los capitales ilícitos con sus respectivas empresas, pero sobre todo y, lo más importante, sin lo cual la pacificación de la patria se antoja muy compleja, tocar las raíces de la narcopolítica mexicana, del pasado, del presente y de los que ya se perfilan como sucesores de la normalización criminal vinculada con la clase política mexicana.
La Presidenta (con a) pasaría a la historia como no lo ha hecho ningún otro mandatario ni político en este país, si acaso se atreviera a exigir que se investigara la procedencia de los recursos de la otrora desprestigiada clase política mexicana. De lo contrario, lo más sugerente es que deje de hablar de corrupción y su combate, y más si estará incluyendo en su gabinete a personajes que en su momento ella misma señaló de conservadores y corruptos.
No nos alarme que el presidente Trump lleve a cabo el aseguramiento de un político de primera plana de este o de un sexenio anterior.
Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral.
@BGomezdelCampo
