En la Calle Adelina Patti en la alcaldía Gustavo A. Madero, en un campamento improvisado donde sobreviven más de 200 familias migrantes, la incertidumbre se ha convertido en parte de la rutina. Tras un intento de desalojo ocurrido recientemente, las autoridades otorgaron un plazo de 30 días para abandonar el lugar; sin embargo, para muchos habitantes esa prórroga no resuelve el problema de fondo: la imposibilidad de pagar una renta o acceder a un trabajo formal.

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Gabriela, migrante venezolana y madre de dos niños que cursan la primaria, vive en el campamento desde hace ocho meses. Su principal preocupación no es salir del lugar, sino encontrar una alternativa viable para su familia.

“No es que uno no se quiera ir. Todos queremos algo mejor para nuestros hijos, pero los alquileres nos piden siete u ocho mil pesos al mes por un cuarto”, explica.

A ello se suman requisitos que, asegura, son casi imposibles de cumplir para quienes se encuentran en proceso de regularizar su situación migratoria: fiadores mexicanos, depósitos de varios meses o documentación que muchos aún no poseen.

El obstáculo de la vivienda

Según relata, incluso cuando logran encontrar un espacio disponible, las condiciones económicas representan un muro difícil de superar.

“Si el arriendo cuesta siete mil, te piden dos meses de depósito y uno adelantado. Son casi 20 mil pesos. ¿De dónde los saca uno?”, cuestiona.

Gabriela trabaja en labores de limpieza y su esposo como barbero. Entre ambos reúnen ingresos que apenas alcanzan para cubrir comida, transporte y gastos escolares de sus hijos. En esas condiciones, reunir el dinero para un contrato de renta resulta prácticamente imposible.

El pequeño espacio donde viven —de apenas unos metros— fue ampliado gracias al apoyo de vecinos del campamento que firmaron para que pudiera utilizar un pedazo adicional de terreno y así dar mayor espacio a los niños.

Temor a los refugios

Aunque las autoridades han planteado la posibilidad de trasladar a las familias a refugios temporales, muchos migrantes rechazan esa opción. Gabriela asegura que ya ha vivido esa experiencia y que no representa una solución real.

“Te dicen que puedes quedarte en el refugio, pero no dentro de las habitaciones. Te sacan desde la madrugada y tienes que pasar el día afuera”, cuenta.

También menciona dificultades con la alimentación y la separación de familias dentro de esos espacios, lo que genera resistencia entre los habitantes del campamento.

“Por lo menos aquí estamos juntos y los niños descansan un poco más”, afirma.

Niños en riesgo de abandonar la escuela

Otro de los motivos por los que las familias piden más tiempo es la educación de los menores. En la escuela cercana al campamento estudian decenas de niños migrantes, incluidos los hijos de Gabriela, quienes cursan primero y quinto de primaria.

De acuerdo con testimonios de padres de familia y autoridades escolares, la matrícula depende en gran medida de los estudiantes del campamento. En total hay 66 alumnos migrantes frente a 42 mexicanos.

Si las familias se ven obligadas a irse lejos, muchos menores perderían el ciclo escolar o la escuela podría incluso cerrar por falta de estudiantes.

Por ello, los padres piden que al menos se permita a las familias permanecer hasta que concluya el ciclo escolar.

Entre la migración y el regreso

Aunque algunos migrantes han considerado regresar a su país, las dificultades económicas también complican esa opción. Sin pasaporte y con las embajadas cerradas, muchos sólo podrían regresar mediante salvoconductos y pagando su propio traslado.

“Regresar también cuesta dinero y hay que pasar lo mismo que pasamos para llegar”, explica Gabriela.

En el campamento conviven principalmente familias de Venezuela, aunque también hay personas de Honduras, Guatemala, Colombia, Perú y Ecuador. Según un conteo reciente, más de 100 de las 215 familias son venezolanas.

Un llamado a las autoridades

Los habitantes del lugar aseguran que no buscan permanecer indefinidamente en el campamento, pero sí una alternativa realista.

“Si nos ponen alquileres accesibles, nosotros pagamos. Aquí todos trabajan, lo que pasa es que lo que ganamos no alcanza para una renta de ocho o nueve mil pesos”, dice Gabriela.

Mientras el plazo que vence a finales de marzo avanza, las familias permanecen en alerta. Temen que un nuevo operativo los obligue a abandonar el lugar sin una solución clara, dejando atrás lo poco que han construido con meses de trabajo.