El derrumbe del edificio en proceso de demolición ubicado en San Antonio Abad abrió una investigación para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades entre los propietarios del inmueble, la empresa encargada de la demolición y la alcaldía Cuauhtémoc, que tiene facultades de verificación sobre este tipo de obras conforme a la normatividad en materia de construcción.
LEE ADEMÁS: Aureliano Hernández es electo auditor superior de la Federación
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar por qué se produjo el desplome durante los trabajos de demolición.
“Lo que se tiene que investigar no es el tiempo que tardaron en demoler, sino por qué se dio este desplome“, señaló la mandataria, quien pidió que la investigación se realice con transparencia y que los resultados de los peritajes se informen a la ciudadanía.
La jefa de Gobierno indicó que las investigaciones deberán realizarse hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas, además de asegurar la reparación integral del daño a las familias afectadas.
También señaló que, una vez que los peritajes acrediten las causas y circunstancias del derrumbe, solicitó a la Fiscalía informar públicamente sobre los resultados de la investigación.
Por lo anterior, aclaró que, mientras se desarrollan las indagatorias, los trabajos de demolición en el predio fueron suspendidos y posteriormente deberá elaborarse un nuevo plan para concluir el retiro de lo que queda del inmueble.
Informamos sobre el derrumbe ocurrido en San Antonio Abad y con dolor confirmamos la pérdida de tres trabajadores. Estamos acompañando a las familias en el proceso para la reparación del daño.
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 10, 2026
La @FiscaliaCDMX ya investiga y llegaremos hasta las últimas consecuencias para… pic.twitter.com/yDx3AyoH1B
En ese sentido, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, explicó que la demolición del inmueble era una obra a cargo de particulares y financiada con recursos privados, por lo que la ejecución de los trabajos corresponde a los propietarios del predio y a la empresa contratada para llevar a cabo la demolición.
Al recordar que, conforme a la Ley Orgánica de las alcaldías y al Reglamento de Construcciones, corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc vigilar que las demoliciones se realicen con las medidas de seguridad previstas en la normatividad aplicable, realizar visitas de verificación y, en su caso, ordenar la suspensión de los trabajos cuando existan riesgos para la población o para los inmuebles vecinos.
Muñoz Santini indicó además que la empresa encargada de la demolición es DeMet, una firma especializada en este tipo de trabajos, por lo que la investigación deberá establecer si durante la ejecución de la obra se cumplieron todas las disposiciones legales y técnicas exigidas para este procedimiento.
Precisó que en este tipo de obras los responsables deben cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, entre ellos contar con un director responsable de obra, un corresponsable en seguridad estructural, un programa de demolición avalado técnicamente y un programa de protección civil específico para trabajos de demolición.
Dijo que también deberán acreditar medidas de protección para los inmuebles colindantes, presentar una fe de hechos sobre el estado de las construcciones vecinas, contar con un programa de protección a colindancias y disponer de una póliza de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros antes del inicio de los trabajos.
Muñoz Santini señaló que la Comisión para la Reconstrucción, actualmente adscrita a la Secretaría de Vivienda, aplicó el acuerdo general de facilidades administrativas previsto en la Ley para la Reconstrucción para inmuebles afectados por los sismos de 2017, mecanismo que busca simplificar trámites complementarios para la ejecución de obras.
Subrayó que dichas facilidades administrativas no sustituyen la responsabilidad de los particulares ni los exime de cumplir con las medidas de seguridad, protección civil y demás disposiciones legales que regulan la demolición de inmuebles.
Añadió que, una vez otorgadas esas facilidades, corresponde a los particulares acreditar ante la alcaldía correspondiente el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, mientras que la alcaldía tiene la facultad de verificar que la obra se ejecute con estricto apego a la normatividad.
