POR EDUARDO VIZCARRA.
En una carta dirigida a la opinión pública los ocho mandatarios exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre el conflicto constitucional trabado entre la Federación y las entidades federativas en la relación a la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal.
Los mandatarios que firmaron al calce de la carta a la opinión pública fueron; José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila; Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato; Martin Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango; Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas destacaron que la definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que se debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen.
Señalan que si bien hay una parte de la decisión de la Cámara Federal que es soberana e inatacable constitucional, entre las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales.
En ese sentido los Poderes Federales, Ejecutivo y Legislativo han solicitado que la Suprema Corte como máxima intérprete de la Constitución se pronuncie sobre el tema que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad.
“El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar en el fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de Derecho que todos buscamos” concluye la carta firmada por los ocho gobernadores del país.
